“Los Terribles de Villa Juliana” serán investigados en el penal de Pucallpa

Nota de prensa
Al realizar un registro domiciliario, los agentes encontraron más evidencias incriminatorias: 24 bolsitas de PBC, y varias otras cantidades de droga distribuidas en diferentes.
 Astre Rildo Sandy Arévalo y Ricardo Fernández Pacaya

Fotos: Oficina de Imagen Institucional

Oficina de Imagen Institucional

8 de agosto de 2024 - 5:30 p. m.

En una reciente audiencia llevada a cabo por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali se dictaminó la prisión preventiva de nueve meses contra los denominados por la Policía como “Los Terribles de Villa Juliana”, se trata de Astre Rildo Sandy Arévalo y Ricardo Fernández Pacaya, quienes están siendo investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este plazo se extiende desde el 27 de junio de 2024 hasta el 26 de marzo de 2025. Los acusados fueron trasladados al establecimiento penitenciario de Pucallpa, donde cumplirán con la medida dispuesta, y se deja abierta la posibilidad de que soliciten una revisión de la prisión preventiva si surgen nuevos elementos.

Hechos Investigados:


El 27 de junio de 2024, cuando efectivos policiales realizaban un operativo rutinario en el asentamiento humano Luis Reategui Alegría, durante el patrullaje, los agentes observaron un vehículo que circulaba de manera sospechosa. El conductor, identificado como Ricardo Fernández Pacaya, fue detenido para una inspección. Al registrar el vehículo y sus pertenencias, los agentes encontraron cuatro bolsitas transparentes que contenían una sustancia blanquecina que, tras una prueba preliminar, resultó ser pasta básica de cocaína (PBC).

Durante la intervención, Fernández Pacaya confesó que había adquirido la droga en una vivienda ubicada en el jirón Satipo, en el asentamiento humano Villa Juliana, en Callería. Siguiendo esta pista, los policías se dirigieron al lugar señalado, donde encontraron a Astre Rildo Sandy Arévalo. Al realizar un registro domiciliario en la vivienda de Arévalo, los agentes encontraron más evidencias incriminatorias: 24 bolsitas de PBC, y varias otras cantidades de droga distribuidas en diferentes recipientes. Además, se incautó una balanza gramera, un plato de losa con restos de PBC, utensilios de cocina con adherencias de droga, y 120 soles. En total, la sustancia ilícita fue de aproximadamente 600 gramos.

Las evidencias apuntaban a la Policía que Arévalo era el presunto responsable de la dosificación y preparación de la droga para su venta, mientras que Fernández Pacaya se encargaría de la distribución y comercialización en las calles. Esta conexión directa entre ambos imputados fue clave para que la Fiscalía los imputara como coautores del delito de tráfico ilícito de drogas.

Argumento judicial


La decisión de imponer la prisión preventiva se basó en la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los imputados con el delito. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público se encuentran los testimonios de los efectivos policiales que realizaron las intervenciones, así como las actas de lacrado y deslacrado de las sustancias y utensilios incautados. Además, las pruebas periciales confirmaron que las sustancias encontradas contenían alcaloide de cocaína.

Otro factor determinante en la decisión judicial fue el pronóstico de pena. Aunque la defensa argumentó que el delito cometido por Fernández Pacaya debería ser tipificado como microcomercialización, lo que implicaría una pena menor, la judicatura descartó esta tesis y consideró que ambos imputados enfrentan penas superiores a los cinco años de prisión, lo que cumple con el segundo requisito para la prisión preventiva.

Finalmente, el peligro de fuga también fue un argumento determinante para la imposición de la medida. La judicatura concluyó que ninguno de los imputados cuenta con arraigos suficientes, como domicilio, familia o trabajo estable, que los sujeten al proceso judicial. Además, la gravedad del delito y la magnitud del daño causado, al tratarse de un delito pluriofensivo (que afecta a más de un bien jurídico), fueron consideradas como factores que aumentan el riesgo de fuga.