Jueces fortalecen sus capacidades en delitos ambientales en San Martín
Nota de prensa
17 de noviembre de 2025 - 2:03 p. m.
(Moyobamba, 17 de noviembre de 2025).- La Corte Superior de Justicia de San Martín fue sede del Primer Taller Descentralizado en Delitos Ambientales, evento que reunió a magistrados del distrito judicial de San Martín y expertos internacionales provenientes de España, gracias al apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Española y el Poder Judicial del Perú.
La jornada se desarrolló el viernes 14 de noviembre en el auditorio del Colegio de Arquitectos de San Martín, en Tarapoto, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de jueces y juezas frente a la creciente problemática ambiental que afecta a la región, especialmente en materia de minería ilegal, deforestación y delitos conexos.
Este taller especializado se desarrolló en virtud del próximo inicio de funciones del Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos Ambientales de Tarapoto, que comenzará a operar el 1 de diciembre de 2025. Su implementación constituye un avance significativo para reforzar la respuesta del sistema de justicia frente a la criminalidad ambiental en la región San Martín, y evidencia el compromiso institucional por capacitar previamente a los magistrados que asumirán estos nuevos desafíos jurisdiccionales.
#Compromiso institucional frente a la criminalidad ambiental
Durante la ceremonia inaugural, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín destacó la urgencia de articular esfuerzos para enfrentar el avance de la minería ilegal y otras amenazas al medio ambiente:
“La región San Martín es bendecida por su riqueza natural, pero enfrenta amenazas constantes vinculadas a la tala y la minería ilegal. En Tocache, la situación es crítica por su cercanía con zonas como Pataz, donde esta actividad se ha extendido. Este taller es fruto de un trabajo conjunto para reforzar nuestras capacidades y dar una respuesta judicial más efectiva.”
Asimismo, resaltó que la Corte de San Martín cuenta con más de 80 órganos jurisdiccionales y cerca de 800 servidores judiciales, cifra aún insuficiente para cubrir toda la demanda, pero que continúa avanzando con compromiso institucional.
Anunció también que la creación e implementación del Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos Ambientales —que iniciará funciones el 1 de diciembre de 2025— representa un logro importante para toda la región, al fortalecer la capacidad jurisdiccional en materia ambiental.
Por su parte, Henry Diburga Inga, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, subrayó que impartir justicia también implica promover una conciencia ambiental en todo el sistema judicial.
En representación de la Unión Europea, Eva Platero Aranda, jefa del proyecto “Apoyo a las Fuerzas de la Ley en la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en el Perú”, reafirmó el compromiso europeo con la protección del planeta:
“El medio ambiente es de todos y su defensa debe asumirse como un derecho fundamental. Estos talleres son cruciales para fortalecer la lucha contra la criminalidad ambiental”.
#Exposiciones internacionales y análisis jurídico especializado
El taller contó con la participación de destacados especialistas europeos:
Marta Pizarro Mayo, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla
Presentó la ponencia: “Estrategias para determinar la trazabilidad del mineral”, donde explicó la importancia de controlar la cadena de valor de los minerales desde su extracción hasta su comercialización.
Expuso las principales directivas europeas que regulan la trazabilidad y la debida diligencia, entre ellas:
* Directiva (UE) 2024/1203
* Reglamento (UE) 2017/821
* Directiva (UE) 2024/1760
Estas normas buscan evitar que productos minerales provengan de zonas de conflicto y exigen transparencia empresarial en toda la cadena de suministro.
Juan Bautista Calvo Rubio Burgos, fiscal jefe provincial de Málaga
Desarrolló la exposición: “La protección de los bosques: aportes de la jurisprudencia internacional aplicada al delito de minería ilegal”.
Analizó la evolución del derecho ambiental como derecho humano de tercera generación y revisó el marco normativo peruano (arts. 304, 307-A, 310 y 313 del Código Penal), así como los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consolidan la protección del ambiente como derecho fundamental.
Destacó que, según el Acuerdo Plenario N.º 2-B-2023 de la Corte Suprema, el delito ambiental no exige un daño consumado, bastando la puesta en peligro del bien jurídico protegido.
#Participación
La magistrada Erika Dávila Huivin, jueza del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Nueva Cajamarca, expuso el tema: “Identificación de amenazas y debilidades en la persecución de los delitos ambientales”, profundizando en los retos institucionales frente a la minería ilegal, tala indiscriminada y deforestación, así como las barreras normativas y operativas que limitan una respuesta eficaz del sistema de justicia.
#Un esfuerzo conjunto por la justicia ambiental
El evento fue organizado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, con el apoyo de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, la FIIAPP – Cooperación Española, la Unión Europea y la Corte Superior de Justicia de San Martín.
Esta actividad forma parte del Eje 2: Justicia Ambiental del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2022–2030, reafirmando el compromiso del Poder Judicial y de la Corte de San Martín con la defensa de los recursos naturales, el fortalecimiento institucional y la promoción de una justicia ambiental más humana, eficaz y sostenible.
¡𝙅𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤́𝙣 𝙢𝙖́𝙨 𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙮 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚!
𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻.
La jornada se desarrolló el viernes 14 de noviembre en el auditorio del Colegio de Arquitectos de San Martín, en Tarapoto, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de jueces y juezas frente a la creciente problemática ambiental que afecta a la región, especialmente en materia de minería ilegal, deforestación y delitos conexos.
Este taller especializado se desarrolló en virtud del próximo inicio de funciones del Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos Ambientales de Tarapoto, que comenzará a operar el 1 de diciembre de 2025. Su implementación constituye un avance significativo para reforzar la respuesta del sistema de justicia frente a la criminalidad ambiental en la región San Martín, y evidencia el compromiso institucional por capacitar previamente a los magistrados que asumirán estos nuevos desafíos jurisdiccionales.
#Compromiso institucional frente a la criminalidad ambiental
Durante la ceremonia inaugural, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín destacó la urgencia de articular esfuerzos para enfrentar el avance de la minería ilegal y otras amenazas al medio ambiente:
“La región San Martín es bendecida por su riqueza natural, pero enfrenta amenazas constantes vinculadas a la tala y la minería ilegal. En Tocache, la situación es crítica por su cercanía con zonas como Pataz, donde esta actividad se ha extendido. Este taller es fruto de un trabajo conjunto para reforzar nuestras capacidades y dar una respuesta judicial más efectiva.”
Asimismo, resaltó que la Corte de San Martín cuenta con más de 80 órganos jurisdiccionales y cerca de 800 servidores judiciales, cifra aún insuficiente para cubrir toda la demanda, pero que continúa avanzando con compromiso institucional.
Anunció también que la creación e implementación del Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos Ambientales —que iniciará funciones el 1 de diciembre de 2025— representa un logro importante para toda la región, al fortalecer la capacidad jurisdiccional en materia ambiental.
Por su parte, Henry Diburga Inga, secretario técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, subrayó que impartir justicia también implica promover una conciencia ambiental en todo el sistema judicial.
En representación de la Unión Europea, Eva Platero Aranda, jefa del proyecto “Apoyo a las Fuerzas de la Ley en la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en el Perú”, reafirmó el compromiso europeo con la protección del planeta:
“El medio ambiente es de todos y su defensa debe asumirse como un derecho fundamental. Estos talleres son cruciales para fortalecer la lucha contra la criminalidad ambiental”.
#Exposiciones internacionales y análisis jurídico especializado
El taller contó con la participación de destacados especialistas europeos:
Marta Pizarro Mayo, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla
Presentó la ponencia: “Estrategias para determinar la trazabilidad del mineral”, donde explicó la importancia de controlar la cadena de valor de los minerales desde su extracción hasta su comercialización.
Expuso las principales directivas europeas que regulan la trazabilidad y la debida diligencia, entre ellas:
* Directiva (UE) 2024/1203
* Reglamento (UE) 2017/821
* Directiva (UE) 2024/1760
Estas normas buscan evitar que productos minerales provengan de zonas de conflicto y exigen transparencia empresarial en toda la cadena de suministro.
Juan Bautista Calvo Rubio Burgos, fiscal jefe provincial de Málaga
Desarrolló la exposición: “La protección de los bosques: aportes de la jurisprudencia internacional aplicada al delito de minería ilegal”.
Analizó la evolución del derecho ambiental como derecho humano de tercera generación y revisó el marco normativo peruano (arts. 304, 307-A, 310 y 313 del Código Penal), así como los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consolidan la protección del ambiente como derecho fundamental.
Destacó que, según el Acuerdo Plenario N.º 2-B-2023 de la Corte Suprema, el delito ambiental no exige un daño consumado, bastando la puesta en peligro del bien jurídico protegido.
#Participación
La magistrada Erika Dávila Huivin, jueza del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Nueva Cajamarca, expuso el tema: “Identificación de amenazas y debilidades en la persecución de los delitos ambientales”, profundizando en los retos institucionales frente a la minería ilegal, tala indiscriminada y deforestación, así como las barreras normativas y operativas que limitan una respuesta eficaz del sistema de justicia.
#Un esfuerzo conjunto por la justicia ambiental
El evento fue organizado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, con el apoyo de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, la FIIAPP – Cooperación Española, la Unión Europea y la Corte Superior de Justicia de San Martín.
Esta actividad forma parte del Eje 2: Justicia Ambiental del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2022–2030, reafirmando el compromiso del Poder Judicial y de la Corte de San Martín con la defensa de los recursos naturales, el fortalecimiento institucional y la promoción de una justicia ambiental más humana, eficaz y sostenible.
¡𝙅𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤́𝙣 𝙢𝙖́𝙨 𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙮 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚!
𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻.