CSJLE realizó mesas de trabajo interinstitucional entre juzgados de violencia con la policía y centro de emergencia mujer

Con el fin de realizar coordinaciones de trabajo en aras de brindar una oportuna y mejor atención a las víctimas de violencia se desarrolló las mesas de trabajo entre la Corte Superior de Justicia de Lima Este mediante los juzgados de violencia de San Juan de Lurigancho y San Antonio de Chaclla con la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer (CEM). Esta iniciativa es como parte de la política institucional de protección contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

En San Juan de Lurigancho la sesión se desarrolló en la sede Jazmines y contó con la presencia de los magistrados Ruth Mariel Gonzales Sánchez del 7° Juzgado de Familia Permanente, Karen Jackeline Alejos Jaqui del 8° Juzgado de Familia Permanente, Laura Isabel Huayta Arias del 9° Juzgado de Familia Permanente, Ángel Escobar Inga del 10° Juzgado de Familia Permanente y Rocío del Pilar Bonifacio Castillo del 11° Juzgado de Familia Permanente todos con subespecialidad en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de SJL.

En la sede de San Antonio de Chaclla, la actividad fue dirigida por la Dra. Gloria María Rosas Pachas, magistrada del Juzgado de Familia de San Antonio.

La agenda de ambas actividades estaba enfocada al correcto llenado de la ficha de valoración de riesgo, mejorar la información que aparece en la ficha de datos para notificar, también al seguimiento a las medidas de protección que haya sido otorgadas, la ejecución de las medidas de protección y la revisión de la casilla electrónica.

A los asistentes se les entregó, todo el material necesario para el desarrollo de la jornada de trabajo. Los representantes de cada una de las instituciones pudieron informar cuales eran los problemas que se han ido presentando de acuerdo a los puntos tratados.

En algunos casos, para la obtención de las fichas de valoración de riesgo, el proceso logístico dificultaba a la Policía Nacional del Perú contar con la cantidad necesaria para cuando se hace el levantamiento de información.

También se daba la particular situación de que al tener una gran acumulación de casos al momento de hacer las verificaciones, los demandantes o demandados ya no tenían el número de teléfono activo o se habían mudado de su domicilio.

De igual forma se encontraba que en la documentación no se detallaba la fiscalía de familia a la que correspondía dicho proceso. Por ello se acordó en cada una de las reuniones que se tomarán acciones para mejorar todo el proceso y que beneficiará a la comunidad de cada una de las jurisdicciones.

Se concertó que se hará un correcto llenado de las fichas de valoración de riesgo, en el caso del Centro de Emergencia Mujer, se adjuntará también la evaluación psicológica.

También los juzgados remitirán oficios con los datos completos de las partes, y la policía informará con celeridad cuál es el estado de seguimiento de las medidas de protección y si estas se están ejecutando correctamente.

Estos acuerdos permiten hacer un proceso más célere y adecuado para que quienes están a la espera de respuesta puedan tenerla en el menor tiempo posible. Así como la aplicación de las medidas de protección que eviten que estos casos puedan escalar a mayores.