Pronabi asignará inmuebles a la Corte Superior de Justicia de Lima Este por Gestión de la Presidenta

Nota de prensa
En las próximas semanas se definirá qué inmuebles serán cedidos en uso a la institución.
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera de González y el coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), Carlos Alberto Yalta Sotelo.
Como acuerdo de la gestión realizada, Pronabi se comprometió a asignar inmuebles con los que cuenta en los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo.
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera de González y el coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), Carlos Alberto Yalta Sotelo.

28 de junio de 2023 - 4:57 p. m.

Como parte de su plan de trabajo de mejorar constantemente el servicio de justicia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera de González, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), Carlos Alberto Yalta Sotelo, con el objetivo que solicitar inmuebles para la institución.
Como acuerdo de la gestión realizada, Pronabi se comprometió a asignar inmuebles con los que cuenta en los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho y Chaclacayo. Los especialistas de la corte visitarán los predios para analizar cuáles cumples con las condiciones para funcionamiento de órganos jurisdiccionales u oficinas administrativas.
La titular de la institución expresó su satisfacción por el acuerdo logrado que permitirá continuar brindando adecuados ambientes de trabajo para el personal y los usuarios del servicio de justicia de Lima Este. Es importante resaltar que esto significara un ahorro en el pago de alquileres. Es preciso recordar que la mayoría de sedes judiciales no son propias.
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) tiene las atribuciones de asignar en uso los bienes incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio por la comisión de delitos en agravio del Estado.