Corte de Lima Este y Ministerio Público articulan acciones ante ampliación de competencia territorial de la Unidad de Flagrancia de SJL

Con el objetivo de coordinar acciones conjuntas ante la próxima ampliación de la competencia territorial de la Unidad de Flagrancia de San Juan de Lurigancho, se realizó una reunión de trabajo entre la Corte Superior de Justicia de Lima Este y el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Este.

La medida, establecida mediante la Resolución Administrativa N.º 217-2025 emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, entrará en vigencia el 15 de julio de 2025, e incluye a los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ate, Santa Anita, El Agustino, La Molina y Cieneguilla, los cuales serán incorporados al ámbito de competencia de la Unidad de Flagrancia.

Durante el encuentro participaron la presidenta de la Corte de Lima Este, Dra. Polonia Marina Fernández Concha, y la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este, Dra. Marjorie Nancy Silva Velasco, quienes reafirmaron su compromiso institucional para garantizar una respuesta penal rápida y eficiente ante los delitos flagrantes.

La titular de la Corte aseguró que se viene trabajando intensamente para garantizar la implementación, funcionamiento y operatividad plena de esta nueva disposición. En tanto, la representante del Ministerio Público destacó la necesidad de mantener la virtualidad en las audiencias, especialmente debido a la distancia entre algunas sedes fiscales y el Módulo de Flagrancia, así como la importancia de incorporar criterios de ecoeficiencia en los procedimientos judiciales para optimizar el uso de los recursos humanos y logísticos.

Cabe precisar que, a partir del 15 de julio de 2025, los órganos jurisdiccionales del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este dejarán de tener competencia territorial, funcional y material en los procesos inmediatos por delitos flagrantes, en concordancia con la implementación del modelo de flagrancia.

La Presidencia continuará fortaleciendo las coordinaciones interinstitucionales necesarias con todos los operadores del sistema de justicia, como el Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú e INPE, a fin de garantizar un servicio de justicia oportuno, eficiente y orientado a los derechos fundamentales de la ciudadanía.