Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho asegura derechos civiles de señora de 85 años que habla aymara y quechua

El Tercer Juzgado de Familia Permanente de San Juan de Lurigancho, a cargo de la magistrada Erika Magali Esteves Mejía, realiza un importante proceso a favor de una señora de 85 años, hablante de los idiomas aimara y quechua, garantizando sus derechos civiles mediante la figura de "apoyos y salvaguardas". Esta decisión tiene como objetivo asegurar el acceso a sus derechos fundamentales, como la tramitación del Seguro Integral de Salud (SIS) y el programa Pensión 65, además de permitir la realización de trámites legales relacionados con la disposición de un bien inmueble.

La demanda fue iniciada por la hija de la octogenaria, quien solicitó el apoyo del Poder Judicial para que su madre pudiera acceder a servicios de salud y asistencia económica, y también para que pudiera disponer de manera legal de un bien inmueble que le pertenece. La señora, debido a su avanzada edad y la barrera del idioma, se encontraba en una situación de vulnerabilidad y necesitaba de una figura legal que pudiera garantizar su acceso a estos derechos de manera efectiva y segura.

En este contexto, la Corte Superior de Justicia de Lima Este mediante el Tercer Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho adoptó la figura de "apoyo y salvaguarda", una medida que busca proteger a personas mayores o con capacidades limitadas, otorgándoles el respaldo necesario para que puedan ejercer sus derechos civiles y tomar decisiones de manera informada y acompañada. Esta decisión responde a un compromiso con los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia, y tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística de los ciudadanos, en este caso, reconociendo y respetando los idiomas indígenas aimara y quechua como lengua materna de la señora.

El proceso busca brindar los apoyos necesarios para que la señora de 85 años pueda realizar los trámites requeridos para acceder al SIS, así como al programa Pensión 65, que busca garantizar una pensión básica para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se autoriza la gestión de trámites notariales y legales para que pueda disponer de su propiedad en los términos que correspondan según la ley.

Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores y con la inclusión social de los ciudadanos que hablan lenguas originarias, velando por su bienestar y asegurando que no se vean despojados de sus derechos por barreras lingüísticas o culturales.