Presidenta de Corte de Lima Este coordinó acciones con responsables técnicos del programa de reducción de la violencia del Poder Judicial

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Polonia Marina Fernández Concha, recibió la visita de los representantes del Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Reducción de la Violencia Contra la Mujer del Poder Judicial (PPoR 1002), con el objetivo de dar a conocer los avances alcanzados en la implementación de políticas judiciales para la protección de las mujeres víctimas de violencia, y los proyectos en curso con la cooperación alemana, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Durante el encuentro, los representantes del programa presentaron un balance sobre los esfuerzos realizados en los últimos años en la lucha contra los casos de violencia de género. En particular, se destacaron el Primer Concurso Nacional de Reconocimiento de Buenas Prácticas Desarrolladas por Operadores de Justicia en Materia de Violencia Contra las Mujeres para contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

“Este trabajo conjunto con la cooperación alemana es fundamental para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género. El Poder Judicial está comprometido en ofrecer soluciones efectivas y sensibles a las necesidades de las víctimas, y proyectos como este son clave para consolidar nuestra labor”, expresaron los responsables técnicos del PPoR 1002.

Asimismo, los representantes del programa compartieron la importancia de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a las mujeres víctimas de violencia, especialmente en los distritos judiciales más vulnerables, como es el caso de Lima Este. A través de estas iniciativas, se busca promover una justicia más accesible, eficiente y cercana a las víctimas, brindando un entorno seguro y protegiendo sus derechos.

Finalmente, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este reiteró el compromiso de la Corte con la implementación de políticas públicas en la lucha contra la violencia hacia la mujer, agradeciendo el apoyo de los aliados internacionales, como la GIZ, para continuar con la mejora de la respuesta judicial en estos casos tan sensibles.