Callao: 13 meses de prisión preventiva a dos venezolanos por tenencia ilegal de armas
Nota de prensaFueron intervenidos por la PNP y en su poder se halló un arma de fuego, quince municiones y una mira telescópica.
Fotos: Órgano de Imagen Institucional
11 de abril de 2024 - 5:16 p. m.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao a cargo del magistrado Luis Miguel Torres Bonifacio dictó trece meses de prisión preventiva contra Sandres Alejandro Martínez Acosta (21) y Luis Alberto Peña Castillo (30), ambos de nacionalidad venezolana, por ser presuntos co-autores del delito de tenencia ilegal de armas, cacerina, accesorio y municiones en agravio del Estado Peruano.
Ambos no sustentaron las razones por las que portaban armas de fuego y se presume que habrían participado de un delito más grave de sicariato, por lo que es importante ampliar la investigación.
¿Qué pasó?
El 7 de abril pasado, en horas de la noche, efectivos policiales de la Unidad de Emergencia (UNEME-CALLAO), realizaban patrullaje policial por la av. Elmer Faucett, cuando observaron un vehículo en actitud sospechosa. Se acercaron a la unidad móvil Nissan color verde, a la altura del centro comercial Talma, donde se encontraban dos hombres de nacionalidad extranjera (venezolanos).
Los efectivos policiales pidieron a Sandres Martínez Acosta y Luis Alberto Peña Castillo a descender del vehículo y al realizar el registro vehicular se le encontró a Luis Alberto Peña Castillo, un arma de fuego marca Glock 25 calibre 380 n.° de serie KRY -788 con una cacerina abastecida con 15 municiones y a Sandres Alejandro Martínez (21) se le halló en el bolsillo derecho un teléfono celular.
Se les preguntó las razones por las que portaban armas sin dar una respuesta creíble.
De inmediato se procedió a dar cuenta a la línea 105 para el traslado de ambas personas.
El Ministerio Público postula que la investigación es compleja porque se requiere diversas diligencias en otros distritos judiciales y en el extranjero. Se postula la presunción de que ambos habrían participado de un delito más grave de sicariato.
Los investigados serán puestos a disposición del INPE, institución que determinará el establecimiento penitenciario donde serán internados mientras dure el proceso judicial.