Corte Superior del Callao y Fiscalía adoptan acuerdos clave para agilizar procesos de menores infractores

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Miguel Ricardo Castañeda Moya, y el titular de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Callao, Roberto Eduardo Lozada Ibáñez, abordaron las dificultades operativas y de coordinación surgidas por la aplicación de la Ley N°32330, que regula la responsabilidad penal de adolescentes.

El encuentro, que reunió a fiscales superiores y fiscales provinciales de Familia, se enfocó en establecer mecanismos de coordinación inmediatos que aseguren el adecuado desarrollo de las investigaciones y el estricto respeto a los plazos procesales en los casos de menores infractores retenidos.

Entre los acuerdos, se estableció el cumplimiento estricto de los plazos que la normativa asigna a las Fiscalías Penales para presentar sus requerimientos ante el Juez Penal, especialmente aquellos vinculados a la inaplicación de la Ley N°32330.

Se determinó que los Jueces Penales deberán pronunciarse y poner a disposición de las Fiscalías de Familia a los detenidos en el plazo máximo de 48 horas desde la flagrancia, en aplicación de la Ley N°32330. Esta medida garantiza una respuesta judicial más rápida, pues el acuerdo fija un plazo máximo de 48 horas para que los juzgados penales resuelvan la situación jurídica de los adolescentes retenidos.

Para fortalecer la coordinación interinstitucional, se dispuso que los Fiscales Penales de turno notificarán de inmediato a las Fiscalías de Familia sobre la detención de adolescentes por delitos relacionados con drogas.

Además, se estableció que, una vez recibido el requerimiento fiscal, los Jueces Penales que inapliquen la Ley N°32330 deberán pronunciarse y poner a disposición a los adolescentes detenidos a las Fiscalías de Familia, adjuntando la documentación pertinente al término de la distancia de la detención.

Estos acuerdos buscan asegurar una transición fluida y documentada de los casos, eliminando dilaciones y afectaciones en el desarrollo de las diligencias, en beneficio de la celeridad del proceso de los menores infractores.