Corte del Callao se suma al Grupo de Alto Nivel para la aplicación de penas justas y contra la cibercriminalidad del Poder Judicial
Nota de prensaEl juez supremo Víctor Prado Saldarriaga convocó a presidentes de Cortes Superiores y funcionarios del Poder Judicial para informar su plan de trabajo incluyendo capacitación especializada
Fotos: Órgano de Imagen Institucional
25 de febrero de 2025 - 2:45 p. m.
La Corte Superior de Justicia del Callao, presidida por el juez superior Miguel Ricardo Castañeda Moya, apoyará al Grupo de Alto Nivel para la aplicación de penas justas y contra la cibercriminalidad del Poder Judicial, que preside el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, mediante el fortalecimiento especializado de capacidades de los magistrados penales de la provincia constitucional y de Lima.
Durante la presentación de propuestas de esta comisión, su titular, Víctor Prado Saldarriaga, explicó que la finalidad de este grupo de alto nivel es alcanzar una judicatura penal que aplique sentencias justas, mediante la capacitación teórico-práctica de los jueces penales a nivel nacional que sienten las bases para la constitución y actuación de una unidad jurisdiccional especializada que procese delitos de cibercriminalidad organizada (ransomware, los fraudes financieros, el lavado de activos mediante criptomonedas, entre otros).
Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Miguel Ricardo Castañeda Moya, afirmó que “la Corte se suma al Grupo de Alto Nivel organizando talleres para los magistrados penales y se contará con expositores de gran experiencia".
Esta capacitación que se llevará a cabo los viernes de mayo a diciembre se desarrollará con el apoyo de la UETI Penal, así como de la Comisión de Unidades de Flagrancia, SNEJ y programas de capacitación de las Cortes del Callao, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Puente Piedra-Ventanilla y Corte Especializada de Justicia Penal.
Dato:
El grupo de alto nivel fue creado por Resolución Administrativa N° 057-2025-CE-PJ, de fecha 11 de febrero del 2025, para fortalecer las capacidades del Poder Judicial en la aplicación de una justicia penal más equitativa y eficaz, asegurando que las penas impuestas sean proporcionales a la gravedad del delito y que se apliquen medidas alternativas al encarcelamiento cuando sean pertinentes.