Contraloría: Ampliación de plazo injustificado en obra generó perjuicio de S/186 mil

Tumbes. – La Contraloría General reveló que la Universidad Nacional de Tumbes (UNTumbes) generó un perjuicio al Estado de S/186 592.41, por el accionar del exjefe de Asesoría Jurídica quien incrementó indebidamente y sin sustento el plazo de la ampliación N.º 2 en la obra de creación del centro de investigación de la entidad, lo que limitó el cobro de la penalidad por mora por cada día de retraso y permitió al contratista culminar los trabajos.

El proyecto tuvo un costo de S/13.8 millones y durante su ejecución hubo suspensiones y ampliaciones, dando un plazo final de 344 días. Esto conllevó a que su costo también se eleve en más de S/ 1 millón.

Al respecto, el informe N.º 027-2024-2-3550-SCE, advirtió que el consorcio ejecutor solicitó la ampliación de plazo N.º 2 por mayores metrados en el sistema eléctrico de la obra por 20 días, la misma que fue aprobada por el supervisor y enviada a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la entidad quien fijó otorgar solo 5 días. Esta fue trasladada a administración y luego al rector quien la derivó al jefe de la oficina de asesoría jurídica para la opinión legal correspondiente.

Al respecto, el informe legal concluyó la aprobación de la ampliación por 12 días calendarios, beneficiando sin justificación alguna en 7 días adicionales al contratista y sin considerar que el área técnica ya se había pronunciado conforme a su evaluación. Esto conlleva a que se emita la resolución consintiendo irregularmente el nuevo plazo, de los cuales 6 días fueron utilizados para la culminación de la obra.

Asimismo, el especialista del OCI de la UNTumbes confirmó que los 5 días de plazo otorgados por la Unidad de Inversiones están justificados técnicamente. Por el contrario, el plazo consignado por el asesor jurídico no tiene sustento legal ni técnico y evitó la aplicación de la penalidad.

Cabe resaltar que en un informe de control concurrente se alertó sobre la ampliación de plazo no justificada, pese a ello, la entidad no comunicó acciones preventivas o correctivas adoptadas. Tras la irregularidad determinada, se identificó presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de Contraloría y bajo el ámbito penal en el exjefe de la oficina de Asesoría Jurídica.

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