Contraloría identificó perjuicio de S/ 16 millones por presuntas irregularidades en obras y servicios en Apurímac

Apurímac.- La Contraloría General realizó 2893 servicios de control en el año 2023 para cautelar los recursos públicos en la región Apurímac. Se identificaron a 333 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa, como resultado de los servicios de control específico y auditorías de cumplimiento.

En la jornada informativa, la gerenta regional de control de Apurímac, Indira Yábar Gutiérrez, expuso los resultados del balance de control del año 2023. Precisó que de los servicios de control realizados 1395 corresponden al control simultáneo y 630 al control posterior.

Asimismo, como resultado de los informes de control simultáneo, se identificaron 2893 situaciones adversas que fueron comunicadas oportunamente a los titulares de las entidades para las acciones correctivas; sin embargo, el 49% (1432) no fueron corregidas, el 31% (906) no presenta acciones, el 19% (541) fueron corregidas o se encuentran en proceso y el 0.48% (14) fueron desestimadas.

Sobre el control posterior, se observó un monto controlado ascendente a S/ 340 031 022 y un perjuicio de S/ 16 178 613 con 63 observaciones y 102 recomendaciones a las entidades auditadas el año pasado. Dicho perjuicio involucra a 333 funcionarios y servidores públicos, quienes tendrían una a más responsabilidades en el ámbito administrativo (122), administrativo PAS (69), civil (62) y penal (254).

Indira Yábar presentó algunos casos emblemáticos como la auditoría de cumplimiento a la ejecución y supervisión de la obra de agua potable y saneamiento básico rural en 23 comunidades de Abancay con un presupuesto de S/ 38 793 934, en el cual funcionarios y servidores favorecieron a contratista con pagos adelantados de valorizaciones e inaplicación de penalidades al recepcionar la obra sin estar concluida. Se halló a once personas involucradas con presunta responsabilidad penal (Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 10980-2023-CG/GRAP-AC).

Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Progreso (Grau), servidores favorecieron irregularmente a postor que no acreditó la experiencia del personal clave, permitieron la suscripción de contrato para la ejecución de obra de agua potable y saneamiento al margen de la normativa. Se detectó presunta responsabilidad penal y/o administrativa entidad en tres trabajadores (Informe de Control Específico N° 022-2023-2-0352-SCE).

En la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, se identificó a 27 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad penal por irregularidades en pagos adicionales a sus remuneraciones por la organización y ejecución de talleres de tesis universitaria en la Escuela Profesional de Administración de Empresas en los periodos 2016, 2018 y 2019, sin haber prestado el servicio, ocasionando perjuicio a la entidad por S/ 132 500 (Informe de Control Específico N° 002-2023-2-5571-SCE).

La Contraloría General tiene 764 servicios de control programados para el presente año, de los cuales 670 corresponden a control simultáneo, 93 control posterior y un control previo a diversas entidades públicas de la región.

Entre los cuales se tiene previsto los servicios de control posterior a la ejecución de las obras de saneamiento básico de Abancay y Andahuaylas, contratación de servicios y elaboración del expediente técnico de mercado de Haquira (Cotabambas), entre otros servicios.

Dichos resultados serán publicados en el portal de la Contraloría en el Buscador de Informes de Servicios de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información pública.

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