Contraloría: Perjuicio por más de S/1 millón en trabajos de la I. E. Aplicación José Antonio Encinas

Nota de prensa
Se aprobaron tres ampliaciones de plazos sin justificación técnica por la demora en la respuesta de la solicitud de un adicional por el contratista
La Contraloría General detectó deficiencias e irregularidades en el mejoramiento de la institución Educativa Aplicación José Antonio Encinas, desde el año 2015 al 2022, el cual tuvo un costo final de más de S/10 millones y un plazo de ejecución de 360 días calendarios. A este proyecto a cargo del Gobierno Regional de Tumbes se le aprobaron tres ampliaciones de plazo por 214 días calendarios, un adicional y un deductivo.

24 de noviembre de 2023 - 9:00 p. m.

Tumbes. – La Contraloría General detectó deficiencias e irregularidades en el mejoramiento de la institución Educativa Aplicación José Antonio Encinas, desde el año 2015 al 2022, el cual tuvo un costo final de más de S/10 millones y un plazo de ejecución de 360 días calendarios. A este proyecto a cargo del Gobierno Regional de Tumbes se le aprobaron tres ampliaciones de plazo por 214 días calendarios, un adicional y un deductivo.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 51-2023-2-5353-AC, el contratista incumplió con las especificaciones del expediente técnico en la construcción de las 32 aulas prefabricadas en las que no se utilizó material triplay de menor espesor al especificado y presupuestado. Los ambientes también fueron construidos en áreas menores a las contempladas; es decir, se ejecutaron aulas de 36m² cuando debían de ser de 49m².
Dichas acciones fueron aprobadas por el inspector de obra sin recibir observación alguna, posteriormente fueron pagadas por la entidad en las valorizaciones 1 y 2, lo que generó un perjuicio económico de S/40 774.11 por trabajos no realizados.
En otro sentido, se evidenció que el contratista presentó un retraso injustificado en el desarrollo de los trabajos, incluso que inició los trámites para las partidas eléctricas cuatro días antes del término del plazo, cuando era su responsabilidad realizar las gestiones desde el inicio.
Del mismo modo, se constató que se presentó la solicitud de adicional de forma tardía, cuando dichas partidas ya deberían estar culminadas. Además, los expedientes adicionales presentados contenían observaciones cuya subsanación era responsabilidad del contratista. En adición, los funcionarios encargados dilataron el proceso de revisión.
Pese a ello, por la falta de diligencia y actuación con eficiencia y eficacia del inspector de obra, el encargado del área de Asuntos Legales, el subgerente de obras y el gerente de infraestructura de la entidad, en la evaluación de las solicitudes presentadas por el contratista se aprobaron tres ampliaciones sin justificación técnica, lo que amplió el plazo y el pago de más gastos generales.
La primera ampliación fue por 110 días y tuvo como argumento el silencio administrativo. En la segunda de 30 días, no adjuntaron el sustento por el cálculo del tiempo y en la tercera de 74 días, por falta de pronunciamiento del adicional, todas fueron aprobadas y reconocidas por la entidad. Estas ampliaciones significaron el pago de mayores gastos generales, sumando un perjuicio por S/478 621 79.
En consecuencia, las extensiones injustificadas limitaron el cobro de penalidades que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debieron aplicarse por los 214 días. El valor máximo de penalidad por mora es del 10% del contrato, por lo que el monto que dejó de cobrarse es de S/957 269.28 que sumado a los gastos generales da como resultado un perjuicio económico de S/1 435 891 07.
Otro aspecto a resaltar es que en la liquidación para el cálculo de los reajustes se consideraron los trabajos valorizados y ya pagados y no los realmente efectuados, los cuales estaban consignados en el acta de constatación física e inventario de obra.
Esta situación fue inobservada por el subgerente de obras y gerente de infraestructura y permitió que se obtengan reajustes mayores a los que legalmente correspondían pagarse, originando un perjuicio a la entidad de S/5 335.77.
El dato:
Durante el desarrollo de la auditoria, la comisión de control reveló que la entidad no cuenta con procedimientos internos que señalen funciones y plazos para que las áreas intervinientes evalúen, analicen y emitan resultados respecto a solicitudes de ampliaciones de plazo.
Tras las irregularidades determinadas, se identificó a seis funcionarios con presunta responsabilidad civil y dos con administrativa funcional a cargo de la entidad. El documento fue enviado al Gobernador Regional de Tumbes para que adopte las acciones necesarias y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
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Tumbes, 24 de noviembre de 2023
Gerencia de Comunicación Corporativa

NOTA DE PRENSA N° 1396 - 2023-CG/GCOC