Junín: Trabajos no ejecutados y deficientes en trocha carrozable generan pérdida económica mayor a S/ 11 millones

Nota de prensa
• Contraloría identificó a 16 funcionarios del gobierno regional del período 2015-2019 con responsabilidad civil y penal
La Contraloría General detectó que 16 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, que ocuparon cargos durante los años 2015 al 2019, ocasionaron un perjuicio económico de S/ 9 362 778 a la entidad al aprobar y otorgar conformidad a favor del contratista por trabajos no ejecutados o deficientemente realizados en la construcción de una trocha carrozable que uniría los distritos de Ulcumayo y San Ramón, pero que en la actualidad dicha obra se encuentra paralizada y abandonada.

20 de octubre de 2023 - 10:30 a. m.

Junín.- La Contraloría General detectó que 16 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, que ocuparon cargos durante los años 2015 al 2019, ocasionaron un perjuicio económico de S/ 9 362 778 a la entidad al aprobar y otorgar conformidad a favor del contratista por trabajos no ejecutados o deficientemente realizados en la construcción de una trocha carrozable que uniría los distritos de Ulcumayo y San Ramón, pero que en la actualidad dicha obra se encuentra paralizada y abandonada.
El contrato para la obra “Construcción de trocha carrozable Ulcumayo-San Ramón, tramo III Huanchuyru-Nueva Italia, en los distritos de Ulcumayo y San Ramón”, de 56.344 km y que comprendía también la instalación de puentes, badenes, alcantarillas, entre otros, se suscribió en octubre del 2015 a favor de un consorcio por S/ 30 307 075, bajo el sistema de contratación a suma alzada.
Sin embargo, de acuerdo al Informe de Auditoría N° 15819-2023-CG/GRJU-AC, en varios tramos de la vía se ejecutaron pendientes entre el 13% al 42% de elevación longitudinal en, al menos, 15 kilómetros aproximadamente lo cual supera lo establecido en el Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, que solo dispone 12% de elevación. Este exceso vuelve a la vía intransitable y no garantiza la seguridad para la circulación de los vehículos de carga pesada, además de no cumplir con el diseño geométrico.
También se identificaron curvas peligrosas y cerradas, lo cual incumple con el manual de diseño geométrico; además, el terreno se encuentra en mal estado por la presencia de derrumbes, piedras grandes y vegetación en la carretera.

Con respecto al levantamiento topográfico, se determinó que existen sectores (caseríos, quebradas) sin intervención de movimientos de tierra ni excavaciones por parte de la empresa ejecutora lo que evita la conexión entre tramos en un total de 21.040 metros, a pesar de que los planos del expediente técnico disponían su ejecución y pese a ello, el supervisor y funcionarios del gobierno regional dieron la conformidad para los pagos, incumpliendo la Ley de Contrataciones del Estado.
Todo lo mencionado ha generado que la vía no esté siendo utilizada y generando un perjuicio de S/ 5 699 226 por deficiente proceso de construcción y otros S/ 3 663 551 por trabajos no ejecutados, pero pagados, que suman más de nueve millones de soles.
Otros perjuicios
Entre otras irregularidades, el informe de auditoría detectó que funcionarios del gobierno regional contrataron la ejecución de la obra sin tener la disponibilidad del terreno y aprobaron ampliaciones de plazo a pesar de carecer de sustento técnico, lo que originó paralizaciones de obra y la resolución del contrato por causas atribuibles de la entidad.
Ello generó posteriormente, vía laudo arbitral, el reconocimiento por S/ 2,394,414 a favor del consorcio, monto que constituye otro perjuicio al Estado.
También se determinó que la entidad dio inicio a los trabajos sin contar con la certificación ambiental, lo cual fue cuestionado por el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en el 2019 y al no ser subsanado, la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en abandono el procedimiento administrativo iniciado dos años antes para la aprobación de dicha autorización, lo que ocasionó que el pago efectuado por S/59 992 a la empresa contratada no cumpla la finalidad pública.
Un total de 16 funcionarios han sido comprendidos en el informe con responsabilidades penales y civiles, como el gerente regional de infraestructura, subgerentes de supervisión y liquidación de obras, subgerentes de obras, subdirector de abastecimiento y coordinadores de la obra, así como otras cinco personas representantes del consorcio.
El informe de auditoría, al que se puede acceder aquí, fue remitido a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Procuraduría Pública de la Contraloría para las acciones legales que permitan determinar las responsabilidad. También se notificó al Gobierno Regional para que disponga las medidas legales, civiles y ante las instancias judiciales competentes.
El documento de control se encuentra disponible en la página web Buscador de Informes de Control, en aras de transparencia y acceso a la información pública.
Dato: La obra se inició en diciembre del 2015 y debió concluir en diciembre de 2016, sin embargo, pese a las nueve ampliaciones de plazo, se encuentra paralizada y abandonada.
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Junín, 20 de octubre de 2023
Gerencia de Comunicación Corporativa

NOTA DE PRENSA N°1252 - 2023-CG/GCOC