Pasco: 27 directivos de confianza del gobierno regional y municipalidades no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia

Pasco. - La Contraloría General de la República reveló que 27 directivos de libre designación y remoción pertenecientes al gobierno regional y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades. Los resultados corresponden al operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”.

Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, el operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de 91 directivos públicos de libre designación y remoción del Gobierno Regional de Pasco, Municipalidades Provinciales de Oxapampa, Daniel Alcides Carrión y Pasco; así como las municipalidades distritales Yanacancha, Santa Ana de Tusi y Chontabamba a las cuales se les realizaron siete servicios de control simultáneo.

En relación al cumplimiento de requisitos mínimos para acceder al cargo de directivos públicos, el operativo de la Contraloría permitió determinar que 27 funcionarios de dichas entidades supervisadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia, según lo establecido en la Ley N° 31419 y su reglamento y/o los documentos de gestión de las entidades supervisadas.

De ese total, se desprende que 13 directivos no acreditan cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento. Mientras que otros 25 directivos tampoco acreditaron cumplir esos mismos requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión de la entidad fiscalizada.

La mayor cantidad de designaciones que no acreditaron cumplir estos requisitos pertenecen a la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, Gobierno Regional y Municipalidad Distrital de Yanacancha,

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Por otro lado, se detectó que el límite de personal de confianza supera el 5% de las plazas previstas del CAP provisional (ocupadas – no ocupadas) y los puestos CAS existentes en el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Pasco y Municipios Distritales de Yanacancha, Santa Ana de Tusi y Chontabamba, situación que afecta la idoneidad de los procesos de contratación y el acceso a la administración pública.

Además, se observó la falta de procedimientos para la designación de cargos de confianza, así como para la verificación posterior de la documentación presentada y verificación de los perfiles de puestos en cargos de confianza, esto genera el riesgo de transgredir la idoneidad en el acceso y el ejercicio de la función pública, de los directivos de libre designación y remoción de la entidad; así como, la eficiencia de los actos administrativos propios de los cargos asignados.

En base a estos resultados, la Contraloría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluar la pertinencia de brindar acceso a las plataformas de debida diligencia del sector público a los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, lo cual permitirá contribuir a las labores de control gubernamental.

Mientras que a SERVIR se le recomendó que, en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento, evalúe la emisión de una normativa actualizada con relación a la gestión de legajos de las entidades públicas, puesto que el Manual Normativo de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal” se encuentra desactualizado.

Asimismo, en el marco de sus atribuciones, se le sugirió realizar las acciones de supervisión que correspondan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de directivos públicos establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento por parte de las entidades comprendidas en el presente informe, y así minimizar los riesgos advertidos e identificados durante el operativo.

Finalmente, se recomendó fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión a las entidades públicas para prevenir el eventual incumplimiento del límite legal de cargos de confianza que en ningún caso deberá ser mayor al del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza o el número máximo de 50.

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