Ica: 46 directivos de confianza en el Gobierno Regional y municipalidades no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia

Ica.- La Contraloría General de la República reveló los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e implementación para el acceso y ejercicio de la función pública”, en el que se evidenció que 46 directivos de libre designación y remoción, pertenecientes al Gobierno Regional y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

De ese total se identificó que 24 directivos no acreditaron cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la mencionada ley y su reglamento, mientras que 30 tampoco acreditaron cumplir esos mismos requisitos referidos en los documentos de gestión de la entidad fiscalizada.

Este operativo arrojó que el Gobierno Regional de Ica es la entidad con más directivos en falta (28), seguido por las municipalidades provinciales de Palpa (7) y Chincha (6), entre otros.

Vale indicar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

En este operativo nacional participaron en Ica 31 auditores distribuidos en 37 comisiones cuyo resultado fue la emisión del mismo número de informes. Se intervino en 9 entidades en las que se encuentran el Gobierno Regional, las municipalidades provinciales de Ica, Pisco, Nasca, Chincha y Palpa; así como las comunas distritales de Subjantalla, Salas y Parcona.

Los auditores revisaron legajos de 122 directivos de libre designación y remoción, de los cuales 99 corresponden al segundo nivel organizacional (Gobierno Regional y municipios) y 23 al tercer nivel organizacional (Gobierno Regional).

Situaciones adversas
De acuerdo con el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, se advirtieron 64 situaciones adversas, tales como el hecho de que dos municipalidades (Nasca y Subjantalla) sobrepasaron el límite del 5% del total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza, lo que no es acorde con la normativa vigente que busca una administración pública moderna, jerárquica y profesional para la obtención de mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal.

Los auditores alertaron también que, en todas las entidades intervenidas, excepto la Municipalidad Provincial de Ica, se designó directivos sin haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa para la designación de cargos de confianza.

De igual modo, en cuatro no acreditaron la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos para el acceso a la función pública de directivos. Asimismo, siete entidades no acreditan la revisión de información contenida en registros y plataformas para la verificación de impedimentos y no actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley Nº 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.

En la misma línea, se alertó que todas las entidades intervenidas, excepto el GORE, no cuentan con procedimientos formales para la designación de directivos, cinco carecen de procedimientos formales de verificación de perfiles y son las comunas de Salas, Subjantalla, Chincha, Palpa y Pisco.

Por último, se identificó que en dos entidades se realizó la contratación de directivos por locación de servicio y en otras dos se advirtió la designación de funcionarios que no se encontraban habilitados en sus respectivos colegios profesionales, situación que ocasiona el riesgo de carencia de legalidad en los actos propios del desempeño de sus funciones.

Recomendaciones
En base a estos resultados, la Contraloría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluar la pertinencia de brindar acceso a las plataformas de debida diligencia del sector público a los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, lo cual permitirá contribuir a las labores de control gubernamental.

Mientras que a SERVIR se recomendó que, en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento, evaluar la emisión de una normativa actualizada con relación a la gestión de legajos de las entidades públicas, puesto que el Manual Normativo de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal” está desactualizado.

Asimismo, en el marco de sus atribuciones, se le sugirió realizar las acciones de supervisión que correspondan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de directivos públicos establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, por parte de las entidades comprendidas en el presente informe y así minimizar los riesgos advertidos e identificados durante el operativo.

Finalmente, se recomendó fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión a las entidades públicas para prevenir el eventual incumplimiento del límite legal de cargos de confianza, que en ningún caso deberá ser mayor al del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza o el número máximo de 50.

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