Más de 40 directivos de confianza del GORE Huancavelica y municipios no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia

Huancavelica.- La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” y que a nivel de la región Huancavelica se realizó adoce entidades públicas que incluyen el Gobierno Regional de Huancavelica, siete municipalidades provinciales y cuatro distritales.

Con este operativo se pudo verificar que 41 directivos de libre designación y remoción no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

La realización del operativo permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción de las entidades públicas de todo el país.

Con este operativo a nivel regional se desplegaron 24 auditores distribuidos en doce comisiones de control que intervinieron en doce entidades a las cuales se les realizaron doce servicios de control simultáneo. Las comisiones de control analizaron legajos de 115 directivos de libre designación y remoción, de los cuales 90 corresponden al segundo nivel organizacional (gobierno regional y local) y 25 al tercer nivel organizacional (gobierno regional).

Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los doce informes de control se revelaron un total de 44 situaciones adversas, entre las cuales se identificó que en relación al cumplimiento de requisitos mínimos para acceder al cargo de directivos públicos 41 funcionarios en nueve entidades supervisadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia, según lo establecido en la Ley N° 31419 y su reglamento, y/o los documentos de gestión de las entidades supervisadas.

También se identificó que, de las entidades intervenidas, en siete sobrepasaron el límite del 5% del total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza. Este hecho no es acorde con la normativa vigente la cual busca una administración pública moderna, jerárquica, profesional para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a los usuarios.

Los auditores de la Contraloría también encontraron que en diez entidades públicas no se acreditó haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable para la designación de cargos directivos y tampoco se acreditó haber efectuado consulta alguna en las plataformas y registros para la verificación previa de impedimentos, en relación al acceso a la función pública de sus directivos públicos de libre designación y remoción.

Otro hallazgo relevante es que en cuatro entidades intervenidas no se actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley Nº 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.

A nivel nacional, el operativo “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” se realizó a 554 entidades públicas y se constató que 1584 directivos de confianza pertenecientes a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento.

En base a estos resultados, la Contraloría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluar la pertinencia de brindar acceso a las plataformas de debida diligencia del sector público a los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, lo cual permitirá contribuir a las labores de control gubernamental.

Mientras que a SERVIR se le recomendó que, en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento, evalúe la emisión de una normativa actualizada con relación a la gestión de legajos de las entidades públicas, puesto que el Manual Normativo de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal” se encuentra desactualizado.

Asimismo, en el marco de sus atribuciones se le sugirió realizar las acciones de supervisión que correspondan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de directivos públicos establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento por parte de las entidades comprendidas en el presente informe y así minimizar los riesgos advertidos e identificados durante el operativo.

Finalmente, se recomendó fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión a las entidades públicas para prevenir el eventual incumplimiento del límite legal de cargos de confianza, que en ningún caso deberá ser mayor al del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza o el número máximo de 50.

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