Contraloría: 40 directivos de confianza no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia en Ucayali

Ucayali.- La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” realizado en 16 entidades públicas de nuestra región, con el cual se pudo verificar que 40 directivos de libre designación y remoción pertenecientes al GORE Ucayali y municipalidades provinciales y distritales no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Con este operativo se desplegaron 30 auditores, distribuidos en 16 comisiones de control, que intervinieron en 16 entidades públicas, entre ellas, el Gobierno Regional de Ucayali, la Dirección Regional de Educación, la UGEL Purús, las municipalidades provinciales de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús, y las municipalidades distritales de Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, Masisea, Irazola, Nueva Requena, Tahuanía, Iparía y Von Humboldt.

Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 16 informes de control de Ucayali se revelaron un total de 36 situaciones adversas que contravienen la normas vigentes sobre designación de funcionarios y cumplimiento de perfiles de puestos.

Por ejemplo, de los 40 directivos que no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos y experiencia, se tiene que 6 son del GORE, 2 Coronel Portillo, 2 Atalaya, 8 Purús, 6 Masisea, 2 Manantay, 5 Campo Verde, 1 Yarinacocha, 2 Iparía, 1 Nueva Requena, 3 Irazola y 2 Von Humboldt.

Se evidenció que la Dirección Regional de Educación, UGEL Purús y las municipalidades de Yarinacocha, Irazola, Von Humboldt y Tahuanía superan el límite de 5% para cargos o puestos de confianza.

Asimismo, un total de 11 entidades públicas, específicamente el GORE, UGEL Purús, Municipio Provincial de Coronel Portillo, y los distritos de Manantay, Yarinacocha, Campo Verde, Masisea, Nueva Requena, Von Humboldt, Iparía y Tahuanía no cuentan con procedimientos de verificación de perfiles de puestos.

De igual manera, el GORE, Dirección Regional de Educación, UGEL Purús, la provincia de Coronel Portillo y las municipalidades distritales de Manantay, Campo Verde, Masisea, Irazola, Von Humboldt, Iparía y Tahuanía, es decir 11 instituciones públicas, no tienen procedimientos formales para designación de directivos.

Además, se determinó que 20 directivos del GORE, los municipios provinciales de Atalaya y Purús, y los distritos de Manantay, Irazola y Von Humboldt fueron designados con documentos de gestión como el Cuadro para Asignación de Personal – CAP y el Manual de Clasificador de Cargos desactualizados, sin observar la ley 31419 que establece requisitos minimos.

En base a estos resultados, la Contraloría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a evaluar la pertinencia de brindar acceso a las plataformas de debida diligencia del sector público a los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, lo cual permitirá contribuir a las labores de control gubernamental.

Mientras que a SERVIR se recomendó que, en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento, evaluar la emisión de una normativa actualizada con relación a la gestión de legajos de las entidades públicas, puesto que el Manual Normativo de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal” se encuentra desactualizado.

Asimismo, en el marco de sus atribuciones, se le sugirió realizar las acciones de supervisión que correspondan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de directivos públicos establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento por parte de las entidades comprendidas en el presente informe, y así minimizar los riesgos advertidos e identificados durante el operativo.

Finalmente, se recomendó fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión a las entidades públicas para prevenir el eventual incumplimiento del límite legal de cargos de confianza, que en ningún caso deberá ser mayor al del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza o el número máximo de 50.

#Ucayali. ¡40 directivos de confianza no acreditaron cumplir requisitos académicos ni experiencia! Se revisaron 133 legajos de funcionarios en 16 entidades públicas de la región. Aquí el detalle:

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