Contraloría: 240 funcionarios públicos de Lima Provincias con presunta responsabilidad en hechos irregulares durante el 2022

 

Lima Provincias.-   La Contraloría General determinó, durante el año 2022, presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 240 funcionarios públicos con 386 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en entidades de Lima Provincias, como resultado de los informes de control posterior ejecutados.

 

Estos fueron los resultados del control gubernamental realizado en Lima Provincias en el 2022, que se cristalizó en un total de 397 informes de control, de los cuales 71 corresponden al control posterior, que incluye 4 auditorías de cumplimiento, 38 servicios de control específico, 28 auditorías financieras y una auditoría de acción de oficio posterior.

 

En el caso de las auditorías y servicios de control específico que detectaron irregularidades en las entidades públicas efectuó el control a un monto de S/ 788 millones de recursos del Estado, de los cuales en la ejecución de S/ 86 millones se realizaron observaciones por parte de los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por más de S/ 24 millones, aproximadamente.

 

Para el 2023, se ha programado realizar en Lima Provincias 856 servicios de control, de los cuales 678 corresponden al control simultáneo, 174 a control posterior y 4 a control previo.

 

Entre las principales materias a intervenir mediante servicios de control posterior figura la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales tanto del Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras como de los gobiernos locales.

 

En tanto, mediante servicios de control simultáneo se harán intervenciones en el marco de la Ley 31358 (Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente), la Ley 30556 (Reconstrucción con Cambios).

 

En cuanto a control social, se observará el funcionamiento de los servicios públicos en la instituciones educativas o comunidades (auditores juveniles) y vigilancia ciudadana a las obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se les asigne en su localidad (monitores ciudadanos).

 

En la programación de la Contraloría General figuran también cinco grandes megaoperativos a nivel nacional, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.

 

Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.

 

Además, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional; y se desarrollará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.

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