Apurímac: Contraloría identificó a 200 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad en hechos irregulares

Apurímac.- La Contraloría General determinó en el año 2022 presuntas responsabilidades en hechos irregulares de 200 funcionarios y servidores que desempeñaron cargos de titular, directivos, profesionales y técnicos, como resultado de los informes de control posterior a diversas entidades públicas en las siete provincias de la región.

Durante la presentación del balance de gestión del control gubernamental del año pasado, la Contraloría General emitió un total de 1 622 informes de control en la región de Apurímac, de los cuales 621 corresponden al control posterior, que incluye 32 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, una auditoría de desempeño, 31 auditorías financieras y 557 acciones de oficio posterior.

Las auditorías y servicios de control específico realizadas a las entidades públicas que funcionan en la región permitieron efectuar el control a un monto de S/ 185 millones de recursos del Estado, de los cuales la ejecución de S/ 39 millones fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por S/ 17 millones.

Además de los servicios de control posterior, la Contraloría General realizó 992 servicios de control simultáneo durante el 2022. Como resultado de este tipo de control gubernamental, se identificaron 1 339 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.

Sin embargo, 378 situaciones adversas (28.2%) no han sido corregidas y en 768 (57.4%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 193 (14.4%) situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.

En la Dirección Regional de Salud de Apurímac se efectuaron pagos sin sustento legal, por conceptos de “Asignación alimentaria”, “Asistencia nutricional” y “Asignación por condiciones de trabajo” a favor de profesionales de la salud, en los periodos del 2018 al 2021, ocasionando perjuicio económico de S/ 3 106 239 a la entidad, según el Informe de Servicio de Control Específico N°031-2022-2-5333-SCE.

Se detectó que funcionario y servidores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas permitieron que contratista utilicé material granular de cantera no aprobada para mantenimiento periódico en tramos de Santa María de Chicmo. Los mismos que validaron y otorgaron conformidad a los trabajos de afirmado incumpliendo los requisitos de calidad exigidos en el Plan de trabajo y normativa técnica, generando un perjuicio por S/ 973 667, en el Informe de Servicio de Control Específico N°30396-2022-CG/GRAP-SCE.

En la ejecución de la obra de Mejoramiento de los servicios de salud del Centro Asistencial Chincheros de EsSalud, se identificó que funcionarios suscribieron contrato con empresa pese a que la estructura de costos no era concordante con lo establecido en las bases integradas y oferta técnica. Asimismo, dieron inicio a la recepción de la obra pese a la existencia de partidas no ejecutadas, entre otras, evidenciándose un perjuicio por S/ 2 113 767, mediante el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°064-2022-2-0251-AC.

Para el 2023, se ha programado realizar en Apurímac 562 servicios de control, de los cuales 412 corresponden al control simultáneo, 142 de control posterior y 8 informes de control previo.

Entre las principales entidades a intervenir mediante servicios de control posterior y simultáneo figuran el Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidad Provincial de Aymaraes, municipalidades distritales de Sabaino y Coyllurqui, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas.

Asimismo, se tiene cinco grandes megaoperativos nacionales como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.

Igualmente, se supervisará la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.

Además, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional; y se desarrollará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.

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