Comunicado Oficial N° 03-2014-CG
Comunicado
26 de junio de 2014 - 11:25 p. m.
La Contraloría General de la República, ente rector del Sistema Nacional de Control, frente a la presentación del Jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima (Caja Metropolitana) ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, comunica lo siguiente:
1. La Contraloría recuerda a la opinión pública que viene actuando en el marco de sus competencias y dentro del plazo razonable de los procedimientos de control. En ese sentido, ha dispuesto profundizar el examen especial a la Caja Metropolitana. Asimismo, durante esta semana, ha adelantado coordinaciones con el Fiscal de la Nación, a fin de que la carpeta fiscal del caso sea elevada a la Fiscalía Supraprovincial, toda vez que se trataría de hechos graves, complejos y de alta repercusión nacional, como se anunció en un comunicado oficial anterior.
2. La Contraloría, en resguardo de su función institucional, ha dispuesto que la Comisión Auditora asignada para completar el examen especial a la Caja Metropolitana, conformada por auditores debidamente calificados, dé estricto cumplimiento a los procedimientos de control de legalidad de los actos de la administración, en el marco del más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de las personas sujetas al procedimiento, subsanando todo defecto de forma en que pudiera haberse incurrido.
3. El día de hoy, el jefe del OCI de la Caja Metropolitana, sin autorización y fuera de toda actuación regular, ha afectado el principio de reserva del control, así como los procedimientos institucionales, poniendo en riesgo los resultados de la acción de control que se encuentra en proceso.
4. Al mismo tiempo, ha vertido juicios de valor tendientes a descalificar la actuación imparcial de la Contraloría, que comportan un ataque injustificado contra la institucionalidad y una falta grave laboral.
5. La Contraloría, obligada constitucionalmente a velar por la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, se ha visto forzada a iniciar los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario en cuestión, tanto en lo administrativo cuanto en lo laboral.
La Contraloría insiste en la necesidad de defender la institucionalidad del país, a fin de que toda acción discurra por los cauces legalmente previstos, evitando distorsiones que afecten el correcto funcionamiento de los órganos estatales. Asimismo, ratifica su compromiso con los fines constitucionales de combatir la corrupción y de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales.
Lima, 27 de junio de 2014
Contraloría General de la República
1. La Contraloría recuerda a la opinión pública que viene actuando en el marco de sus competencias y dentro del plazo razonable de los procedimientos de control. En ese sentido, ha dispuesto profundizar el examen especial a la Caja Metropolitana. Asimismo, durante esta semana, ha adelantado coordinaciones con el Fiscal de la Nación, a fin de que la carpeta fiscal del caso sea elevada a la Fiscalía Supraprovincial, toda vez que se trataría de hechos graves, complejos y de alta repercusión nacional, como se anunció en un comunicado oficial anterior.
2. La Contraloría, en resguardo de su función institucional, ha dispuesto que la Comisión Auditora asignada para completar el examen especial a la Caja Metropolitana, conformada por auditores debidamente calificados, dé estricto cumplimiento a los procedimientos de control de legalidad de los actos de la administración, en el marco del más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de las personas sujetas al procedimiento, subsanando todo defecto de forma en que pudiera haberse incurrido.
3. El día de hoy, el jefe del OCI de la Caja Metropolitana, sin autorización y fuera de toda actuación regular, ha afectado el principio de reserva del control, así como los procedimientos institucionales, poniendo en riesgo los resultados de la acción de control que se encuentra en proceso.
4. Al mismo tiempo, ha vertido juicios de valor tendientes a descalificar la actuación imparcial de la Contraloría, que comportan un ataque injustificado contra la institucionalidad y una falta grave laboral.
5. La Contraloría, obligada constitucionalmente a velar por la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, se ha visto forzada a iniciar los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario en cuestión, tanto en lo administrativo cuanto en lo laboral.
La Contraloría insiste en la necesidad de defender la institucionalidad del país, a fin de que toda acción discurra por los cauces legalmente previstos, evitando distorsiones que afecten el correcto funcionamiento de los órganos estatales. Asimismo, ratifica su compromiso con los fines constitucionales de combatir la corrupción y de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales.
Lima, 27 de junio de 2014
Contraloría General de la República