Pago indebido de escolaridad y aguinaldos generó perjuicio de S/ 143 mil en Caravelí

Arequipa. - La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 143 806 a la Municipalidad Provincial de Caravelí, en el departamento de Arequipa, por el pago indebido de beneficios por concepto de escolaridad y aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad a servidores públicos, funcionarios y autoridades de elección popular en el periodo 2012-2014, sin considerar las restricciones normativas.

El Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad N° 005-2021-2-0355-SCE, que detalla las situaciones identificadas por la Contraloría durante el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014, identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 4 exfuncionarios de las dos anteriores gestiones municipales (2011-2014 y 2015-2018).

La Municipalidad Provincial de Caravelí, durante el periodo 2012-2014, efectuó pagos de beneficios derivados de negociaciones colectivas con el Sindicato Único de Trabajadores (Sitramun), consistentes en bonificaciones por escolaridad y aguinaldos por montos superiores a los establecidos por las leyes del presupuesto.

Este beneficio de una remuneración mensual por escolaridad y dos por aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad se otorgó también a funcionarios de confianza, directivos, servidores públicos con cargos de elección popular, pese a la existencia de mandato constitucional expreso que determina que no les corresponde.

El pago indebido contravino las leyes de presupuesto del sector público para los años 2012, 2013 y 2014, que establecieron el monto asignado a los funcionarios y servidores nombrados y contratados, obreros permanentes y eventuales, de S/ 300 por aguinaldos y S/ 400 por escolaridad.

Los resultados del informe de control específico fueron notificados al alcalde de la Municipalidad Provincial de Caravelí, y se recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el documento. También recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General disponer el inicio de las acciones legales civiles que correspondan.

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