Acciones penales contra funcionarios de Epsel por irregularidades en obra de saneamiento en Chiclayo

Lambayeque.- La Contraloría General recomendó a la Procuraduría Pública iniciar acciones legales contra tres funcionarios y un servidor de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel SA, que otorgaron en el 2016, 145 días de plazo adicional sin sustento al consorcio ejecutor del mejoramiento de las tuberías principales de recolección de los desagües de la ciudad de Chiclayo, lo que evitó que la entidad le aplicara una penalidad de S/ 3 426 592.94.

Asimismo, recomendó al titular de Epsel adoptar acciones legales para el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan de dicho personal que laboró en el año en mención. Cabe señalar que a la fecha, solo uno de ello sigue siendo funcionario en dicha entidad.

El proyecto consiste en el mejoramiento de las tuberías principales (emisores) de recolección de aguas servidas de la ciudad para mejorar el sistema de alcantarillado. La obra abarcó la ejecución de partidas relacionadas al suministro e instalación de cuatro líneas de recolección: general, norte, norte - norte y sur; además de la construcción de buzones y ejecución de empalmes a la red existente.

El monto de ejecución fue de S/ 85 169 835.98, pero a la fecha la obra está paralizada (desde el 3 de noviembre de 2016) en perjuicio de la ciudad y de la población, debido a que el consorcio resolvió el contrato tras un avance físico de solo 61.74%.

Según el Informe de Control Específico N° 13666-2021-CG/GRLA-SCE, que evaluó el periodo 6 de abril de 2015 al 3 de noviembre de 2016, la entidad aprobó la ampliación de plazo (el 21 de junio de 2016) –mediante Acta de Conciliación N° 092/093 suscrita con el contratista–, pese a que anteriormente los mismos funcionarios y el servidor evaluaron y denegaron una solicitud de ampliación de 258 días correspondiente al mismo periodo.

De acuerdo con el informe, de no haberse otorgado el plazo adicional de 145 días calendario, la entidad tendría que haber intervenido económicamente la obra, aplicar la penalidad por mora (ascendente a S/ 3 426 592.94) y posteriormente evaluar la resolución del contrato.

Por estos hechos, el gerente general tendría responsabilidad por suscribir el acta de conciliación; el coordinador-jefe de equipo de Control de Obra, y gerente de Proyectos y Obras de Epsel, por elaborar y aprobar, respectivamente, el informe técnico que sustentó la ampliación de plazo vía conciliación; y el asesor legal externo por emitir un informe legal que viabilizó la ampliación, al considerarla importante y necesaria para los intereses de la entidad.

No obstante, este último, no presentó un análisis legal que establezca que la ampliación se enmarcaba dentro de la normativa de contrataciones.

Los hechos afectaron el principio de legalidad, imparcialidad y el correcto funcionamiento de la administración pública. En aras de la transparencia y acceso a la información, el informe se encuentra publicado en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.

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