Sobrevaloración de estudio y contratación de consultor sin experiencia generó perjuicio económico

Arequipa. - La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 591 000 cometido en el 2018 por la anterior administración de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) de Arequipa, debido a la sobrevaloración en la contratación de un estudio y de una empresa consultora sin experiencia.

De acuerdo al Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad N° 009-2021-2-5183-SCE que comprende el período del 6 de setiembre de 2017 al 7 de noviembre de 2018, se identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en cuatro personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la actual y anterior administración empresarial.

El informe revela que, en la etapa previa a la contratación directa para la elaboración del estudio de Valor Nuevo de Reemplazo, que comprende la renovación de obras y bienes físicos de la empresa, se solicitó a dos proveedores que presenten sus cotizaciones, pese a no contar con experiencia en el rubro. A pesar de este incumplimiento, sus propuestas fueron utilizadas para la determinación del valor referencial, cuyo monto se encontraba sobreestimado.

No obstante, la Seal contrató y pagó a una de estas proveedoras el importe de S/ 960 mil, a pesar que en la Adjudicación Simplificada N° 235-2017-SEAL de 2017, referida a la prestación del servicio, se estableció un valor referencial de S/ 369 mil, producto del estudio de mercado. La diferencia de S/ 591 mil configuró una sobrevaloración en perjuicio de la empresa nacional.

Cabe indicar que este mismo servicio fue contratado por otras empresas de distribución eléctrica como Electro Nor Oeste S.A., en el año 2018 por el importe de S/ 54 340.

Los resultados del informe de control específico fueron notificados a la Gerencia General de la Seal, así como al directorio del FONAFE, y se recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el documento. También se recomienda disponer el inicio de las acciones legales que correspondan, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa legal jurídica de los intereses del Estado.

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