Funcionarios generan perjuicio por más de S/ 77 mil en obra de saneamiento

Arequipa.- La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 77 412 en la Municipalidad Distrital de Yura, provincia y departamento de Arequipa, como consecuencia de irregularidades en la ejecución del proyecto de instalación del servicio del sistema de agua potable y alcantarillado del circuito del Reservorio N-38 del Cono Norte.

Según el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad N° 003-2021-2-1319-SCE que evaluó el período del 1 de enero de 2018 al 30 de setiembre de 2020, dos funcionarios y servidores de la gestión 2015-2018 y dos de la actual administración, tendrían presunta responsabilidad civil y/o administrativa.

El informe revela que en febrero de 2019 la ejecución de la obra se suspendió a los pocos días de haberse iniciado por falta de partidas para realizar los trabajos de agua y desagüe en la zona del cruce del ferrocarril, que en el expediente reformulado no se habían considerado. Además, no se contaba con la autorización de Ferrocarril Trasandino S.A. (PERURAIL) para realizar labores en esa zona.

En julio de 2019 se reiniciaron las obras, pero sin solucionar la falta de partidas para los trabajos en el cruce del ferrocarril y sin autorización de PERURAIL, lo que genera dos ampliaciones de plazo, situaciones que generó el pago de mayores gastos generales al contratista.

El contrato para el proyecto “Instalación del servicio del sistema de agua potable y alcantarillado del circuito del reservorio N-38 del Cono Norte, distrito de Yura – segunda etapa”, por un valor de S/ 5 559 034, se suscribió el 14 de enero de 2019. Sin embargo, no se cumplió el plazo de 180 días pues la obra empezó el 30 de enero de 2019 y concluyó el 15 de febrero de 2020.

Los resultados del Informe de Control Específico fueron notificados al titular de la Municipalidad Distrital de Yura, a quien se le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe.

También recomienda al Procurador Público de la entidad dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios públicos comprendidos en los hechos advertidos en el informe de Control Específico.

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