079-2019-CG-GCOC: Informe de Contraloría permitió a Juzgado de Puno dictar sentencia contra exfuncionarios

Nota de prensa
En mérito al Informe Especial N°045-2005-CG/EA, emitido por la Contraloría General de la República, la Corte Superior de Justicia de Puno, sentenció a tres exfuncionarios...

4 de febrero de 2019 - 12:00 a. m.

  • Del Proyecto Especial de Carretera Transoceánica

En mérito al Informe Especial N°045-2005-CG/EA, emitido por la Contraloría General de la República, la Corte Superior de Justicia de Puno, sentenció a tres exfuncionarios del Proyecto Especial de Carretera Transoceánica (PECT), por delitos cometidos bajo la modalidad de concusión, y en su forma de colusión desleal.

De acuerdo al informe, se detectaron irregularidades en el proceso de selección, contratación y en la ejecución de la obra “Rehabilitación de la carretera Tiquillaca-San Antonio de Esquilache”, originando un perjuicio económico al Proyecto Especial Carretera Transoceánica ascendente a S/ 431,633.79.

La comisión auditora determinó la existencia de anomalías tales como: haberse establecido un valor referencial sobreestimado respecto a trabajos necesarios para restablecer la transitabilidad de las vías declaradas en emergencia; incremento del monto contractual de los trabajos de rehabilitación de la carretera que carece de sustento técnico y legal dentro del marco de la situación de emergencia; reconocimiento indebido de trabajos que incumplen con las especificaciones técnicas de granulometría y menor espesor de la capa de afirmado; además del pago por trabajos de zarandeo no ejecutados y badenes construidos deficientemente.

Los exfuncionarios sentenciados son José Alberto Tejada Villegas, exdirector de Obras; José Carlos Pérez Álvarez, exingeniero de Proyectos y Costos; Marcos Emilio Castro Suero, exdirector ejecutivo; todos pertenecían al Proyecto Especial Carretera Transoceánica.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno sentenció a Pérez Álvarez a cuatro años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida. Mientras que a Tejada Villegas y Castro Suero les dieron cinco y siete años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva, respectivamente, y se dispuso que paguen solidariamente el monto de S/ 330,000.00 por reparación civil en favor del Estado.

La Contraloría General de la República reafirma su labor de supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, quienes deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones.

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