658-2019-CG-GCOC: Contraloría detecta venta indebida de tierras agrícolas en Ucayali

• Según informe de auditoría la Ordenanza Regional N° 012 sigue vigente

Ucayali.- La Contraloría General advirtió que ex autoridades del Gobierno Regional de Ucayali propusieron, aprobaron y promulgaron en el año 2015 una ordenanza regional para autorizar la venta de predios agrícola para destinarlos a fines urbanos, a pesar que el ordenamiento jurídico nacional no le otorga competencia para ello.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 877-2019-CG/GRUC-AC, el Consejo Regional de Ucayali aprobó la Ordenanza Regional N° 012-2015-GRU-CR, la cual autorizó a la Dirección Regional de Agricultura a vender predios agrícolas por un total de 3’014,237.38 metros cuadrados de tierras agrícolas en el período 2015-2017, lo que generó un ingreso sin sustento por S/ 3’330,129.33.

El informe señala que la ordenanza aprobó la directiva “Procedimientos para la venta directa de predios revertidos y de dominio privado en el Gobierno Regional de Ucayali de libre disponibilidad”, a pesar que el Consejo Regional fue advertido que no se contaba con dicha competencia y que esta seguía perteneciendo a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

También se advierte que el ex gobernador regional de Ucayali promulgó la ordenanza a pesar de que este documento tenía incorporado información que no se ajusta a la verdad, y la cantidad de votos a favor obtenidos no se encontraba acorde a lo previsto en el “Reglamento Interno del Consejo Regional”.

Asimismo, la ordenanza se mantiene vigente pese a la recomendación de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), que solicitó se declare nula por contravenir el ordenamiento jurídico nacional, e incluso después de conocerse la Alerta de Control emitida por la Contraloría.

Durante el período 2015-2017, la Dirección Regional de Agricultura revirtió y vendió con fines de vivienda un total de 3’014,237.38 metros cuadrados de tierras agrícolas a asociaciones, pese a que la naturaleza de dichos predios exigía su transferencia a otras entidades del Estado o que la disposición de estos era únicamente con fines de formalización y titulación rural.

El informe recomienda remitir los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al órgano instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios señalados en el presente informe.

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