038-2018-CG Informe de Contraloría permitió fundamentar sentencia contra funcionario regional de Apurímac

El Informe Especial N°122-2014-CG/ORAB-EE de la Contraloría Regional de la República, permitió al Poder Judicial fundamentar su sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, en contra de un funcionario del Gobierno Regional de Apurímac, por delitos contra la administración pública.

El Juzgado Penal Unipersonal de Chincheros condenó como cómplice del delito de peculado doloso a Santos Cleto Oscco Rojas (residente de obra), de la Gerencia Sub Regional de Chincheros, y lo inhabilitó por dos años y cuatro meses a la función pública, conforme el Código Penal; además dictó el pago de una reparación civil de S/ 5,000, así como la restitución de lo indebidamente apropiado por S/ 13,954.

De acuerdo al Informe Especial de la Contraloría, el sentenciado generó el pago irregular a terceros por un monto de S/ 32, 234.24 en perjuicio de la Gerencia Sub Regional de Chincheros, que pertenece al Gobierno Regional de Apurímac.

Las irregularidades se suscitaron en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera Cascabamba, Uranmarca e Inkachaca, en el distrito de Uranmarca; y del distrito de Santa María de Chicmo, de la provincia de Andahuaylas”, realizada por administración directa, donde se simuló la contratación de terceros para la construcción de alcantarillas, señales preventivas, informativas e hitos kilométricos.

La auditoría evidenció que el sentenciado generó y tramitó documentos para favorecer con el pago a terceros sin la prestación del servicio. En uno de los requerimientos para la construcción de alcantarillas, se generó una orden de servicio mediante el cual, Santos Cleto Oscco Rojas, dio su conformidad sin que se haya realizado la obra.

Del mismo modo, se contrató y pagó por el servicio de construcción de señales preventivas, informativas e hitos kilométricos sin haberse prestado el servicio.

Las conductas negativas reveladas en la auditoría, demostraron que el funcionario transgredió principios de la administración pública, afectando el funcionamiento de la entidad en perjuicio del Estado, así como de la población beneficiará del proyecto.

Por este caso, ya fueron sentenciados otros siete funcionarios regionales, a quienes se les halló responsabilidad en la comisión de delitos contra la administración pública.

Constituye delito de peculado cuando un funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia, le estén confiados por razón de su cargo.