070-2018-CG Informes de Contraloría permitieron fundamentar sentencias contra ex funcionarios de región Apurímac

Nota de prensa
El Poder Judicial emitió sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública en contra de exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo…
Fotografía de la fachada de la Contraloría con una vista aérea, donde se aprecia la parte superior del edificio de la Sede Central, ubicada en Lima.

28 de enero de 2018 - 12:00 a. m.

El Poder Judicial emitió sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública en contra de exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en la provincia de Chicheros, y del Gobierno Regional de Apurímac, en base a los informes emitidos por la Contraloría General de la República, que puso en evidencia irregularidades en agravio del Estado.

Las conductas negativas reveladas en las auditorías demostraron que los funcionarios trasgredieron los principios de la administración pública, afectando económicamente y el funcionamiento de la entidad en perjuicio del Estado, así como de la población beneficiaria de los proyectos.

Sentencias:

Municipalidad distrital de Anco Huallo
1. Sustentado en el Informe N° 447-2012-CG/ORAB-EE de la Contraloría Regional Abancay, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, sentenció a Camilo Hurtado Córdova y Cristian Vivanco Orreaga a 3 años y 5 meses de pena privativa de libertad suspendida, inhabilitación para el ejercicio del cargo por dos años y pago de reparación civil de S/ 3,500, por favorecer a un postor en una adjudicación para supervisar la ampliación del sistema de alcantarillado en la provincia de Chicheros.

Del mismo modo, en base al informe N° 393-2012-CG/ORAB-EE de la Contraloría Regional Abancay, la justicia sentenció a Camilo Hurtado Córdova y José Gutiérrez a 4 años de pena privativa de libertad suspendida, inhabilitación de dos años para conformar equipos especiales de selección y al pago de reparación civil de S/ 10.000 por beneficiar al postor en la licitación para la ejecución de la referida obra.

Gobierno Regional de Apurímac –Subregión de Chincheros
2. El Juzgado Penal Unipersonal de Chincheros, en base al informe N° 1078-2014-CG/ORAB-EE de la Contraloría Regional Abancay, sentenció a Camilo Hurtado Córdova, Gedión Lineo Huarcaya Taype y Banic Tambo Barrón a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva y al pago de reparación civil de S/ 9.000 por beneficiar al postor en el proceso de adjudicación para el mejoramiento del Servicio Educativo del CETPRO “Wilfredo Barzola Palomino”. Dicha sentencia viene siendo apelada por los imputados en una nueva sala.

De igual manera, sustentado en el informe N° 1079-2014-CG/ORAB-EE de la Contraloría Regional Abancay, se emitió la sentencia contra Camilo Hurtado Córdova a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, inhabilitación por cuatro años para asumir el cargo de director en la administración pública y pago de reparación civil de S/ 2.000 por favorecer al postor en la ejecución de la referida obra que contempla la adjudicación directa pública N° 07-2013-CE/GSRCH.

Igualmente, el informe N° 1077-2014-CG/ORAB-EE de la Contraloría Regional Abancay, permitió sentenciar a Camilo Hurtado Córdova, Banic Tambo Barrón y Gedión Lineo Huarcaya Taipe a 4 años de pena privativa de libertad suspendida, cuatro años de inhabilitación para ser integrante de comités de selección del estado y pago de reparación civil de S/ 10.000, por favorecer al licitador en la adjudicación para el mejoramiento de la carretera Moyoccasa Pulcay y río Pampas, del distrito de Huaccana.

Por último, en base al informe N° 1055-2014-CG/ORAB/EE de la Contraloría Regional Abancay, se condenó a Camilo Hurtado Córdova, Gedión Lineo Taype y Banic Tambo Barrón a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, inhabilitación de cargo por cuatro años y pago de reparación civil de 20 mil soles, por beneficiar a un postor para la elaboración del expediente técnico sobre el mejoramiento de Servicios Educativos de la Institución Superior Mixta José Carlos Mariátegui, del distrito de Uranmarca.

La Contraloría, en su misión de promover la lucha contra la corrupción e inconducta funcional, acompaña al gestor público y asesora a las entidades ejecutoras. Advierte, además, oportunamente al ejecutor sobre los riesgos que se identifican, a fin que se adopten las medidas correctivas del caso y no se concrete las irregularidades.