315-2018-CG identifican presuntas irregularidades en concesión de camal municipal de Coronel Portillo

La Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 010-2017-2-0477, en el cual recomienda determinar la responsabilidad penal y administrativa del alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y del Pleno de Regidores por presuntamente otorgar la administración del Camal Municipal sin haber sido sometido a un proceso de evaluación.

Este hecho se encuentra plasmado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 010-2017-2-0477, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

De igual forma, se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.

Observaciones identificadas:

• El Pleno del Consejo Municipal aprobó en octubre del 2016 incorporar el Camal Municipal al proceso de promoción de la inversión privada, sin embargo, pese a la existencia de este acuerdo, la entidad habría autorizado otorgar por cinco años la administración temporal al Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali – COINCAR, sin someterlo a un proceso de evaluación; afectando la eficiencia, transparencia y legalidad con la que deben regirse las decisiones que adopte el Concejo Municipal y la entidad.

• En la actualidad el Camal permanece cerrado y sin funcionamiento, este hecho ha generado el desabastecimiento de carne con registro sanitario, dando lugar a la venta de carne de dudosa procedencia, poniendo en riesgo la salud de la población.

El informe de Auditoría de Cumplimiento ya fue remitido a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que se inicien las acciones legales respecto a los funcionarios señalados en la observación revelada en el informe.

La Auditoría de Cumplimiento es un servicio de control posterior, realizado por la Contraloría, que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades han cumplido con efectuar o implementar las acciones preventivas o correctivas pertinentes recomendadas, en el ejercicio de sus funciones o en la prestación de un servicio público por un período determinado. Asimismo busca fortalecer la gestión, transparencia y buen gobierno de las entidades.