502-2018-CG Informe de Contraloría permitió que juzgado sentencie a servidores públicos por colusión

Nota de prensa
En mérito al Informe Especial N°851-2014-CG/ORPU-EE, emitido por la Contraloría General de la República, el Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos...

12 de julio de 2018 - 12:00 a. m.

En mérito al Informe Especial N° 851-2014-CG/ORPU-EE, emitido por la Contraloría General de la República, el Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Puno, sentenció a tres servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Amantaní, por el delito contra la administración pública, en su modalidad de colusión agravada en perjuicio del Estado.

De acuerdo al informe, se evidenció que en el proceso de selección de la adquisición de 128 paneles solares monocristalinos de 100 watts, para la obra “Construcción e instalación del sistema de agua potable de la isla Taquile”, los servidores de la entidad favorecieron a la empresa Importaciones Giscar Comunicaciones SCRL, al autorizar su pago antes de la suscripción del contrato.

Asimismo, otorgaron irregularmente la conformidad en la entrega y recepción de los paneles monocristalinos, no aplicando ni cobrando la penalidad correspondiente, ocasionando perjuicio económico por S/ 14,720.00.

Se trata de los servidores Winston Fritz Pedro Rojas López, administrador; Merly Sánchez Chumacero, Jefe de Abastecimientos y Roger Ricardo Franco Valdez, Jefe de Infraestructura y Obras, de la entidad edil.

El Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Puno, impuso a Rojas López siete años y seis meses; mientras que a Merly Sánchez Chumacero y Roger Ricardo Franco Valdez, 11 años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva y dispuso que paguen solidariamente el monto de S/ 20,000.00 por reparación civil en favor del Estado.

La Contraloría General de la República reafirma su labor de supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, quienes deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones.

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