560-2018-CG Pago de subsidios y asignaciones generó perjuicio económico por más de 2 millones a universidad Pedro Ruiz Gallo-Lambayeque

• Evidencian que 17 funcionarios tendrían presunta responsabilidad administrativa y civil

Como resultado de una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 2´630,356.56 a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo del departamento de Lambayeque por la realización de pagos a docentes correspondientes a subsidios de fallecimiento, gastos de sepelio y asignaciones por cumplir 25 y 30 años de servicio.

La observación se encuentra plasmada en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 009-2017-2-0205, el cual fue notificado a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque para que la valore el riesgo comentado y disponga las medidas correctivas pertinentes.

Asimismo, el Informe de Auditoría de Cumplimiento se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.

• El pago a docentes universitarios por concepto de subsidio de fallecimiento, gastos de sepelio y asignaciones por cumplir 25 y 30 años, a pesar de no corresponderles conforme los establece su régimen especial, ocasionó un perjuicio económico de S/ 2’630,356.56 a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.

Se evidenció que 17 funcionarios y responsables de diferentes oficinas como Remuneraciones y Pensiones, Escalafón y Evaluación Documentaria, Asesoría Legal de Recursos Humanos, Planificación y Presupuesto, entre otras áreas, tendrían responsabilidad administrativa (PAS) y civil.

El informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes fueron enviados al Órgano Instructor competente para que inicie el procedimiento sancionador, respecto a los funcionarios y servidores señalados.

La Contraloría, a través de sus órganos de control, comparte oportunamente los riesgos identificados a los ejecutores producto de las intervenciones, con la finalidad de mejorar los procesos, garantizar la calidad de las obras y que las mismas sean en beneficio de la ciudadanía.

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