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Nota de prensa
15 de agosto de 2018 - 12:00 a. m.
La Contraloría General de la República identificó riesgos durante una visita de control a las instalaciones del Camal Municipal de la provincia de Abancay, en la región Apurímac, la cual tuvo como finalidad conocer el estado de su infraestructura y la operatividad de los servicios que se brindan.
Los riesgos se encuentran detallados en el Informe de Visita de Control N° 004-2018-OCI/0347-VC que fue notificado al municipio de Abancay para que valore los riesgos comentados y disponga las medidas correctivas pertinentes.
Asimismo, el informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Abancay, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.
Aspectos relevantes:- Se evidenció que el Camal Municipal viene funcionando sin autorización sanitaria de acuerdo al Decreto Supremo N° 015-2012-AG-SENASA, denominado Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, ocasionando la falta de control higiénico sanitario del mismo.
- Falta de control en el ingreso y pago por derecho de beneficio de matanza de animales, lo que genera que se deje de percibir S/ 11,379.72. No existe una congruencia en relación a los animales que reciben el beneficio y los recibos de caja por el pago del mismo.
- Deficiencias en la infraestructura del camal no permite desarrollar labores de faenado en condiciones de salubridad e inocuidad, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y consumidores.
- Incumplimiento de las políticas de salubridad e inocuidad al momento del faenado de los animales, lo que genera posible contaminación de la carne que es distribuida para el consumo humano.
- El personal que interviene en el proceso del faenado de animales de abasto no cuenta con la indumentaria necesaria de protección, lo que vulnera la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, la cual establece que se debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de los aspectos relacionados a su labor.
La Contraloría General de la República comparte oportunamente los riesgos identificados al titular de la entidad, con la finalidad de mejorar los procesos, garantizar la calidad del servicio y que las mismas sean en beneficio de la ciudadanía.
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