Demora de mantenimiento vial generaría que recursos se reviertan al Estado

Tacna. – La Contraloría General alertó que el financiamiento para la fase III del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal TA-641, ubicado en el distrito La Yarada-Los Palos, de la provincia Tacna, se revertiría al Tesoro Público al finalizar el año 2021, debido a que el inicio de los trabajos tiene seis meses de retraso.

El Informe de Control Concurrente N° 015-2021-OCI/0472-SCC, detalla que de acuerdo a las condiciones y obligaciones del contrato, estas labores debieron iniciarse el 18 de noviembre del año pasado; sin embargo, el contratista incumplió dicha disposición, y en marzo del 2021 solicitó a la Municipalidad Provincial de Tacna la resolución del contrato.

La comisión de control advirtió en el informe que, al 31 de diciembre de este año, la entidad no gastará el saldo de recursos para los trabajos de mantenimiento en la fase III (S/34 226) que obtuvo del gobierno central, y en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública, ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19.

Señaló que de iniciarse con prontitud las actividades de mantenimiento rutinario de la vía vecinal, su plazo de ejecución se estaría prolongando hasta el periodo 2022. En ese sentido, los recursos no utilizados serían revertidos al Tesoro Público, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente año fiscal.

Respecto al proceso de conciliación iniciado entre la Municipalidad Provincial de Tacna y la contratista para el reinicio de los trabajos, la Contraloría identificó que la propuesta conciliatoria sería desfavorable para el Estado. Ello en razón a que los informes técnicos que sustentan la decisión de llegar a un acuerdo no incluyen una evaluación que considere los criterios de “costo beneficio”, entre otros, como establece la Ley de Contrataciones del Estado.

En este sentido, se advirtió que este hecho liberaría a la contratista, de la aplicación y cobro de penalidades por incumplimiento del inicio de la tercera fase del mantenimiento periódico y rutinario.

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