N° 016-2017-CG: Contraloría: Más de 780 funcionarios y/o servidores públicos han sido suspendidos o inhabilitados para laborar en el Estado
Nota de prensaAl 31 de enero de este año, el Órgano Sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, sancionaron a 784 funcionarios y/o servidores públicos…
28 de enero de 2018 - 12:00 a. m.
Al 31 de enero de este año, el Órgano Sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, sancionaron a 784 funcionarios y/o servidores públicos con la suspensión y/o inhabilitación para laborar en el Estado por conductas infractoras graves o muy graves durante el ejercicio de su función.
Según la gravedad de las infracciones cometidas, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos desde 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública desde 1 hasta 5 años.
La relación completa con el resultado del Proceso Administrativo Sancionador-PAS se ha publicado en la web de la Contraloría General, como una manifestación de su política de transparencia y para dar a conocer a la opinión pública el trabajo desarrollado en el marco de la Ley N° 29622 y su Reglamento.
De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones impuestas por el Órgano Sancionador, una vez consentidas (es decir, cuando el funcionario o servidor no apeló) o cuando son confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y se publican trimestralmente en el portal web de la Contraloría.
DEBIDO PROCESO
En el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, se respeta el debido procedimiento y todos los principios y garantías que rigen la potestad sancionadora estatal. Se desarrolla en dos instancias que cuentan con autonomía técnica:
- La primera instancia a cargo de la Contraloría General, está integrada por un Órgano Instructor que lleva a cabo las investigaciones, otorga el derecho de defensa y propone la determinación de las infracciones y sanciones al Órgano Sancionador que las impone o declara su inexistencia.
- La segunda instancia está a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que es un órgano colegiado, adscrito a la Contraloría General, integrado por cinco vocales elegidos por concurso público, por un período de 5 años, que resuelve los recursos de apelación presentados contra las resoluciones de la sanción. El DATO Las resoluciones emitidas por el Tribunal se publican en el portal institucional y en el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, a fin de que los criterios resolutivos desarrollados sean conocidos por los funcionarios y servidores y la ciudadanía.