N° 033-2017-CG: Cnteroceánica Sur: Contraloría denuncia a funcionarios del MTC, OSITRAN y Consorcio Vial integrado por Odebrecht
Nota de prensaLa Contraloría General, a través de su Procuraduría Pública, denunció penalmente por el presunto delito de colusión a 26 funcionarios y servidores públicos, y tres representantes de un…
28 de enero de 2018 - 12:00 a. m.
La Contraloría General, a través de su Procuraduría Pública, denunció penalmente por el presunto delito de colusión a 26 funcionarios y servidores públicos, y tres representantes de un consorcio empresarial, quienes habrían concertado acciones para defraudar al Estado en la ejecución del contrato del tramo vial Urcos-Inambari Tramo 2 Perú - Brasil, de la Carretera Interoceánica Sur. La denuncia fue presentada el 14 de marzo de 2017.
Una auditoría realizada por la Contraloría General al periodo Agosto 2005 – Julio del 2015, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), señala que las presuntas irregularidades detectadas habrían ocasionado al Estado un perjuicio económico que asciende a más de US$180 millones 363 mil dólares.
La denuncia que comprende a funcionarios y servidores públicos del MTC, su unidad ejecutora Provías Nacional, y del OSITRÁN, también incluye a representantes de la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. (comprendida por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas S.A. e ICCGSA) quienes han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Los hechos
La denuncia penal señala tres casos de presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General, a través de una auditoría de cumplimiento.
El primer caso es la presunta colusión entre los funcionarios del Estado y la empresa concesionaria para el pago injustificado y en exceso por tres obras o “soluciones técnicas” en las zonas de Hualla Hualla, Huaylloc y Ocongate, solicitadas por la concesionaria y que fueron aprobadas y pagadas por las entidades del Estado, pese a que no cumplían con los requisitos técnicos, lo que habría ocasionado un perjuicio por más de US$ 101 millones 747 mil, incluidos intereses y reajustes.
La “solución técnica” era un mecanismo contemplado en el contrato de concesión como una alternativa para sustituir obras contempladas en el proyecto referencial y que representen una mejora que implique necesariamente una disminución o ahorro del presupuesto de inversión. En la denuncia, se señala que el mecanismo no tuvo esa finalidad sino que se realizaron pagos en exceso, porque se pagaron irregularmente como precios unitarios en lugar de suma alzada.
El segundo caso, es la presunta concertación entre representantes del MTC (Provías Nacional) y la concesionaria para el pago directo de 83 precios unitarios, a través de un “trato directo” por supuestas controversias. En ese trato directo se incluyeron y aprobaron incrementos de costos de insumos y disminución de rendimientos de equipos, ajenos a la materia de la supuesta controversia, que fue aprobado por OSITRÁN, y que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 57 millones 389 mil.
Por último, el tercer caso denunciado es la colusión entre funcionarios y la concesionaria para la suscripción de una adenda que incrementó de 27% a 35% los gastos generales del presupuesto del proyecto referencial. Dicho incremento significó un costo de inversión adicional de US$ 19 millones a favor de la concesionaria, para lo cual el Estado realizó una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento-CAF, que por intereses y comisiones se sumaron US$ 2 millones más. En total, la presunta colusión en este caso habría ocasionado al Estado un perjuicio por más de US$ 21 millones, que incluye US$ 1 millón 822 mil, por interés del pago del saldo pendiente de deuda.
Sobre este último punto, cabe señalar que en febrero del año 2009, la Contraloría General informó al entonces Titular del MTC que los mayores gastos requeridos por la empresa concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., incrementarían los costos totales de la obra.
El Dato
En su denuncia penal, la Contraloría solicita a la Fiscalía considerar que se incluya en la denuncia penal a otros funcionarios de las entidades mencionadas y el embargo de bienes de propiedad de los denunciados por la suma total de US$ 200 millones.