N° 038-2017-CG: Contraloría audita puentes peatonales Solidaridad, Libertadores, Panamericana Norte y de la Costa Verde

Nota de prensa
La Contraloría General puso en marcha una auditoría a la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima S.A.-EMAPE, unidad orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima…
Fotografía de la fachada de la Contraloría con una vista aérea, donde se aprecia la parte superior del edificio de la Sede Central, ubicada en Lima.

28 de enero de 2018 - 12:00 a. m.

La Contraloría General puso en marcha una auditoría a la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima S.A.-EMAPE, unidad orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que comprenderá una evaluación a los procesos de contratación de las obras conocidas como “Puente Solidaridad”, “Puente Los Libertadores”, “Panamericana Norte”, “Puentes peatonales y escaleras de la Costa Verde” y “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Avenida Angélica Gamarra”.

Se trata de una auditoría de cumplimiento que analizará los diferentes aspectos de los procedimientos administrativos que se llevaron a cabo para ejecutarlas.

El puente peatonal “Solidaridad” se ubica a la altura de la cuadra 18 de la avenida Malecón Checa, entre los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino, que recientemente tuvo un incidente en su infraestructura; mientras que el puente “Los Libertadores”, es una obra similar ubicada en la cuadra 13 de la misma avenida.

Otra obra que se audita es el puente peatonal ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Las otras obras que forman de la parte de la auditoría son: “Construcción y Mejoramiento de Escaleras y Puentes Peatonales en la Costa Verde, provincia de Lima (Primera etapa)” y “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Avenida Angélica Gamarra, tramo Panamericana Norte-Avenida Tomás Valle en los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos”, periodo 1 de enero 2012 al 31 de diciembre de 2016.

EL DATO

La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades han observado la normativa aplicable en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público, en el uso y gestión de los recursos del Estado.