N° 062-2017-CG: Contraloría detectó presunta responsabilidad penal en funcionarios por Adenda del Aeropuerto de Chinchero

El Contralor General, Edgar Alarcón Tejada, informó que se detectó presuntas responsabilidades penal y administrativa, en 10 funcionarios públicos, como resultado de la auditoría de cumplimiento a la ejecución contractual (etapa pre-operativa) que incluye la suscripción de la Adenda N°1 del Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero del Cusco.

Para la Contraloría, existe presunta responsabilidad de los funcionarios ante los indicios de irregularidades en la suscripción del citado documento (negociación incompatible), cuya aplicación en los términos pactados podría significar para el Estado un perjuicio económico de US$ 40, 6 millones a valor presente.

Los funcionarios son del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), correspondiendo a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

El informe de auditoría señala que sin acreditar al Acreedor Permitido del concesionario, se ejecutaron modificaciones contractuales suscribiendo la Adenda N°1, pese a la prohibición normativa de hacerlo dentro de los tres años del contrato. De igual manera, se modificaron las condiciones de competencia del proceso de promoción del proyecto, respecto al esquema de pagos, adelanto de pagos, traslado de cierre financiero y garantías otorgadas por compañías aseguradoras, afectando el equilibrio económico y financiero.

De acuerdo a la auditoría realizada, la suscripción de la citada Adenda modificó los riesgos financieros inicialmente asignados, asumiendo el Concedente el 80,73% (antes era el 28,6%) y el Concesionario, el 19,27% (antes era el 71,40%). La Adenda N° 1 fue suscrita incumpliendo la normativa que regula las Asociaciones Público Privadas. Las acciones realizadas por los funcionarios habrían favorecido al Concesionario, pues no velaron que se cumpla con el Contrato de Concesión, al no acreditar un Acreedor Permitido ni contar con una propuesta de financiamiento.

En efecto, en noviembre del 2016, el MTC emitió un pronunciamiento señalando que no autorizó el Endeudamiento Garantizado Permitido –EGP, debido a que en los términos que fue presentado, generaría un perjuicio económico al Concedente. Con ello, se acredita que al momento de la suscripción de la Adenda N° 1 no existía una propuesta de EGP que estuviese sujeta a evaluación por el Concedente, que permita el cierre financiero.

Tras los resultados de la auditoría, la Contraloría General recomendó disponer las acciones para reestablecer las condiciones de competencia establecidas en las bases con las que participaron todos los postores y resultó ganador la propuesta del concesionario. También que se restablezcan las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del Contrato suscrito.

Agrega que estas medidas requieren tomar en cuenta la Ley, las bases del concurso, el contrato, las directivas, los lineamientos y las guías aplicables para la ejecución contractual, en salvaguarda de los intereses del Estado. Asimismo, se dispongan las acciones para que el concesionario acredite formalmente al Acreedor Permitido y presente su propuesta de financiamiento, a fin de lograr el cierre financiero en el menor plazo posible.

Asimismo, recomendó disponer las acciones para que la evaluación de las propuestas recibidas permita obtener las mejores condiciones económicas para los intereses del Estado, manteniendo el equilibrio económico financiero.