Contraloría: Perjuicio económico superó los S/ 4 millones en Junín en 2020

Junín. – Durante el 2020, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 4 205 497 en 25 instituciones públicas de Junín, como resultado de 41 servicios de control posterior realizados por auditores de la Gerencia Regional de Control y de los Órganos de Control Institucional en la región.

Entre los casos más comunes advertidos por el ente de control regional figuran pagos y beneficios no autorizados a titulares, funcionarios de confianza y servidores públicos, otorgamiento de bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria COVID-19 sin contar con sustento técnico y legal, inaplicación de penalidades por trabajos no efectuados; admisión, calificación y otorgamiento de buena pro a postor que no cumplió con los requisitos, conformidad y pago por trabajos incompletos, entre otros.

En dicho año, la Contraloría identificó en Junín 287 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, que corresponden a 157 funcionarios o servidores públicos de la región, producto de los servicios de control posterior (acciones de oficio posterior y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad). Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar incurso por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad.

En el 2020, la entidad fiscalizadora registró en la región un total de 969 servicios de control concluidos, entre servicios de control simultáneo, control posterior y control previo.

Dicha información está a disposición de la ciudadanía en la plataforma virtual “Velocímetro de los servicios de control” (http://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/) que permite la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental a nivel regional y nacional, facilitando la búsqueda y disposición estadística de los servicios de control que programa, procesa y concluye el Sistema Nacional de Control. Además, permite organizar y obtener resultados de acuerdo al interés de los usuarios

Entre los servicios más destacados en la región Junín, se encuentra el Informe de Control Específico N° 037-2020-2-5341-SCE que evidenció que funcionarios Gobierno Regional de Junín otorgaron conformidad y autorizaron el pago de estudios incompletos y, en algunos casos, carentes de validez, en la formulación del expediente técnico de la obra de mejoramiento de la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín en Huancayo; lo que ocasionó a la entidad un perjuicio económico de S/ 1 125 673.93.

Asimismo, el Informe de Control Específico N° 006-2020-2-3477-SCE realizado a EPS Sedam Huancayo, donde se detectó que el Directorio de la entidad aprobó el otorgamiento de una bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria por COVID-19 a funcionarios y trabajadores, sin contar con el sustento técnico y legal; además, sin contar con disponibilidad presupuestal e inobservando la Ley de Presupuesto, ocasionando perjuicio económico de S/ 237 462.50.

También figura está el Informe de Control Específico N° 10335-2020-CG/GRJU-SCE en el que se detectó que durante el periodo 2018, en el marco de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Institución Educativa Wari Vilca del distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo”, un funcionario de la Municipalidad Distrital de Huayucachi autorizó la suspensión de plazo de ejecución, pese a que la causal invocada no se enmarca en la norma de contrataciones del Estado, hecho que ocasionó la inaplicación de penalidades, generando perjuicio económico por S/ 484 032.77.

Finalmente, el Informe de Control Específico N° 9949-2020-CG/GRJU-SCE, en el que se evidenció que durante los años 2017 - 2018, funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Agricultura, invocando una medida cautelar, programaron, presupuestaron, tramitaron y pagaron por concepto de incentivos laborales montos superiores a los establecidos en la directiva correspondiente, pese a que el pago de incentivos en ese entonces, ya superaba la nivelación demandada, ocasionando perjuicio económico por S/337 806.48.

Para el 2021, la Gerencia de Control Regional Junín tiene previsto realizar 79 servicios de control posterior, 151 servicios de control simultáneo y 2 servicios de control previo, de acuerdo al Plan Nacional de Control previsto para el presente año.

Este año, la Contraloría General concentrará sus esfuerzos de supervisión en dos temas fundamentales para el país: El proceso de vacunación contra la COVID-19 y el proceso de las Elecciones Generales, para lo cual se han implementado las estrategias de control gubernamental respectivas, informó el contralor Nelson Shack.

En tal sentido, Shack Yalta señaló que se realizará un Mega Operativo de Control a la vacuna contra el coronavirus a nivel nacional que incluirá servicios de control simultáneo y posterior, a todas las etapas de este importante proceso de inmunización. Dicha intervención alcanzará las diversas etapas como la adquisición, almacenamiento, conservación, proceso de cadena de frío, recepción, distribución, transporte, aplicación de la vacuna, gestión de los residuos sólidos de los establecimientos de salud, entre otros.

De otro lado, la Contraloría desplegará una estrategia de control gubernamental para contribuir a que el Sistema Electoral cuente con los bienes y servicios necesarios a fin de conducir de manera oportuna, adecuada y transparente las Elecciones Generales 2021.

También se impulsará el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión de las autoridades salientes respecto al uso de los fondos o bienes del Estado, así como los resultados de su gestión, lo que contribuirá a la transparencia de la gestión pública y al control social.

Asimismo, para contribuir a que la ciudadana emita en los próximos comicios un voto informado y responsable, la Contraloría iniciará la campaña “Tú tienes el control” para lo cual pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma virtual en la que se podrá acceder a las referencias de los candidatos que se hayan desempeñado como autoridades o funcionarios públicos.

En dicha plataforma, los ciudadanos también podrán alertar situaciones de incumplimiento o hechos irregulares sobre uso de recursos públicos para fines electorales y proselitismo político durante el período electoral.

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