N° 835-2020-CG-GCOC: Detectan perjuicio económico por más de S/ 700 mil en entrega de vales de alimentos

Arequipa.- La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 708 556 en la Gerencia Regional de Transportes (dependencia del Gobierno Regional de Arequipa) por el indebido otorgamiento de vales de alimentos a favor de trabajadores y funcionarios durante Fiestas Patrias y Navidad entre los años 2015 al 2018.

Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 044-2020-2-5334-SCE, que evaluó el período del 19 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2018, ocho exfuncionarios y/o servidores de la entidad, tendrían presunta responsabilidad civil y/o administrativa.

El otorgamiento de vales de alimentos por Fiestas Patrias y Navidad al personal nombrado, permanente y CAS de la Gerencia Regional de Transportes entre los años 2015 y 2018, se aprobó indebidamente a través de un acuerdo de negociación colectiva, ocasionando un perjuicio económico de S/ 593 892.

Se verificó también que, en el proceso de entrega de estos beneficios alimenticios, en los mismos años señalados, se incluyó indebidamente a funcionarios, directivos y personal de confianza de la entidad, hecho que generó un perjuicio económico de S/ 114 664.

Los hechos señalados contravienen la Ley del Servicio Civil N° 30057, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público, así como los decretos legislativos que regulan las referidas modalidades de contratación en el Estado, y al mismo tiempo que no se respetaron las leyes de presupuesto de los ejercicios fiscales de los años 2015 al 2018.

Los resultados del Servicio de Control Específico fueron notificados al titular de la Gerencia Regional de Transportes, a quien se le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe.

También recomienda dar al Procurador del Gobierno Regional de Arequipa iniciar las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del informe de Control Específico.

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