N° 790-2020-CG-GCOC: 28 Entidades de Tumbes adeudan más de S/ 127 millones a las AFP
Nota de prensaTumbes.- En el marco del Mega Operativo de Control en Tumbes, la Contraloría General identificó que 28 entidades públicas de esta región, incumplieron al 31 de julio del presente año, el pago de...

16 de octubre de 2020 - 8:00 a. m.
- Contraloría advierte que instituciones incumplieron con pagar aportes de trabajadores y extrabajadores
Tumbes.- En el marco del Mega Operativo de Control en Tumbes, la Contraloría General identificó que 28 entidades públicas de esta región, incumplieron al 31 de julio del presente año, el pago de aportes previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, y mantienen una deuda ascendente a S/ 127 426 763, en perjuicio de sus trabajadores y extrabajadores.
En los 28 informes de Acción de Oficio Posterior elaborados por la Contraloría para cada entidad, se advierten presuntas irregularidades cometidas por la Dirección Regional de Educación Tumbes, que adeuda S/ 54 134 396, y el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría JAMO II-2 con S/ 48 492 081. Ambas deudas son las más altas de este listado.
Le sigue la Dirección Regional de Agricultura (S/ 3 991 770), Empresa Estatal de Servicios de Saneamiento Tumbes - EMFAPATUMBES (S/ 3 762 581), Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (S/ 3 267 692), UGEL Tumbes (S/ 2 606 958), Gobierno Regional (S/ 2 226 736), Universidad Nacional de Tumbes (S/ 1 316 554), la UGEL Contralmirante Villar (S/ 1 061 542) y la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar (S/ 1 021 312).
También se encuentran la Municipalidad Provincial de Tumbes (S/ 957 017), Municipalidad Distrital de Papayal (S/905 212), Municipalidad Provincial de Zarumilla (S/894 923), Sociedad de Beneficencia Pública (S/ 637 159), Empresa Municipal Urbanizadora y Constructora S.A (S/ 523 818), Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (S/410 131), Diresa Tumbes (S/ 337 961) y la Empresa Municipal Inmobiliaria de Tumbes S.A. Emisa S.A. (S/ 326 531)
Otras diez entidades (UGEL Zarumilla, Municipalidad Distrital de San Jacinto, Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal, Municipalidad Distrital de Casitas, Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Tumbes, Municipalidad Distrital de Corrales, Municipalidad Distrital De La Cruz, Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen, Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y Municipalidad Distrital de Matapalo), suman deudas por S/ 552 380.
La Contraloría determinó que a pesar del descuento del 10% realizado periódicamente a las remuneraciones de los empleados por parte de las entidades en las cuales laboran, no se han incorporado las prestaciones previsionales u otros beneficios que les corresponden a sus respectivas Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
El incumplimiento en el pago de los aportes previsionales impide que el afiliado tenga asegurado su bienestar y el de su familia en caso de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, en caso de fallecer. Además, podría haber visto afectado el retiro de hasta el 100% de su fondo acumulado durante la pandemia para aliviar su economía familiar por los efectos negativos generados por la inmovilización social.
Ello conllevaría a que las instituciones afronten posibles procesos judiciales, y sean pasibles de sanción pecuniaria por las entidades fiscalizadoras, en perjuicio de los fondos públicos.
REPRO AFP II
La Contraloría también evidenció que del total de entidades, 24 tuvieron la oportunidad de acogerse al régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a las AFP (REPRO AFP II), establecido mediante Decreto de Urgencia N°030-2019, que regula facilidades para que estas cumplan con los pagos de dichos aportes previsionales adeudados, sin embargo, no lo hicieron.
Al no haberse acogido a la REPRO AFP II, las entidades persistieron en el incumplimiento de sus obligaciones de pago de deuda previsional, y se privaron de acceder a los beneficios, como, la extinción de multas, recargos e intereses que tenía la deuda antes de ser acogida y la suspensión de los procedimientos de cobranza judicial, además de poder realizar el pago a partir del 2021, la cual podía ser fraccionada hasta un máximo de diez años.
La Contraloría ha comunicado los informes de Acción de Oficio Posterior a las entidades mencionadas para que dispongan e implementen las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar. Asimismo, se demanda a la entidad que comunique al Órgano de Control Institucional que corresponda, la implementación de acciones respecto al hecho con indicio de irregularidades que ha sido identificado, a fin de evitar mayor perjuicio al trabajador.
Los informes serán publicados en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, para que la ciudadanía conozca el detalle de los riesgos advertidos durante el control efectuado del 1 de enero del 2016 al 31 de julio del 2020.
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Tumbes, 16 de octubre de 2020
Gerencia de Comunicación Corporativa
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