N° 555-2020-CG-GCOC: Contraloría: no se realizaron pruebas rápidas a 165 policías en Tumbes

Tumbes.- La Contraloría General reveló que de los 245 efectivos policiales que prestaron servicios en las cinco comisarías visitadas en Tumbes como parte de un operativo realizado en mayo y junio, a 165 (67%) no se les realizaron la prueba rápida para detectar posibles contagios por la COVID-19, lo que no habría facilitado el monitoreo, vigilancia y toma de decisiones respecto al impacto de la enfermedad en sus efectivos. 

Estos datos se encuentran consignados en el Informe Consolidado de las visitas de control a las comisarías de la Policía Nacional del Perú N°001-2020-CG/SIE-VCE, que recoge información obtenida durante las visitas de control a 493 (36%) comisarías -de un total de 1,359 en todo el país- realizadas del 25 de mayo al 05 de junio de 2020 por la Contraloría en el marco del control en la Emergencia Sanitaria.

Como resultado de este operativo, en Tumbes se visitaron las comisarías de San José, Pampas de Hospital, Corrales, Zorritos y Zarumilla y se verificó que la prueba rápida se realizó por lo menos una vez solo a 80 (33%) efectivos policiales. 

Cabe precisar que en la Resolución 239-2020 del Ministerio de Salud (MINSA) que aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, figura en el numeral 6.1.19, la categoría de Riesgo Medio de Exposición a dicha enfermedad, dentro de la cual está comprendido el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

La norma también señala que la periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19 es establecida en el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, por el profesional de salud correspondiente. 

Según la información recabada, de los 80 efectivos policiales a quienes se les realizó la prueba rápida, 36 fueron positivos (45%). 

El informe de la Contraloría también señala que una comisaría, del total de las cinco visitadas al 5 de junio, no recibió mascarillas Tipo N95 por parte de su unidad ejecutora, a pesar de estar establecido en los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 del MINSA.

Hechos adversos

En el operativo de la Contraloría se supervisó el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de los implementos de prevención ante la emergencia sanitaria; así como la situación de las instalaciones del comedor o ambiente en el cual los efectivos policiales toman sus alimentos, identificándose los siguientes hechos adversos:

• En las 5 (100%) comisarías visitadas los documentos que sustentan el ingreso de los implementos de prevención (entregadas por la Unidades Ejecutoras de la PNP) no precisan características técnicas (material, unidad de medida, tamaño, color y marca), fechas, ni responsables de la entrega y recepción, lo que no permitiría la trazabilidad del proceso de internamiento y disponibilidad de los implementos para su distribución.
• En las 5 (100%) comisarías se presentaron debilidades en el control de las mascarillas y guantes descartables en el almacén (falta de registro de fechas y cantidades de implementos que se retiraron), así como en su distribución. Dicha situación no permitiría corroborar el saldo real, ni la cantidad y oportunidad en que fueron distribuidas. 
• En 2 comisarías (40%) no se habrían entregado mascarillas simples ni guantes descartables al personal civil que venía laborando en sus instalaciones, lo que habría incrementado el riesgo de contagio de COVID-19. (CUADRO 13)
• En 1 (20%) comisaría se identificaron inadecuadas condiciones de almacenamiento de los implementos de prevención (falta de anaqueles o estantes, se encontraron bienes en contacto con el suelo, polvo y productos contaminantes, entre otros), lo que pondría en riesgo la conservación y disponibilidad de los implementos para la protección policial. 

RESULTADOS A NIVEL NACIONAL

La Contraloría reveló que de los 33 mil 411 efectivos policiales que prestaron servicios en las comisarías visitadas durante el operativo de control, a 18 mil 173 (54%) no se les realizó la prueba rápida para detectar posibles contagios por la COVID-19. Por otro lado, se verificó que, al 05 de junio, la prueba rápida se realizó por lo menos una vez a 15 mil 238 (46%) efectivos policiales. 

También que solo en las comisarías visitadas de las regiones de Moquegua, Lima Metropolitana – Callao, Lima provincias y La Libertad se aplicaron pruebas rápidas a más del 50% de los policías que custodiaron el orden interno, lo que implicaría que las demás comisarías no contaron con el referido instrumento de apoyo para la detección de contagios recientes y pasados de la enfermedad.

Respecto a la entrega de mascarillas simples, el informe señala que, de las 493 comisarías visitadas a nivel nacional, 474 (96%) recibieron dichos implementos de bioseguridad por parte de sus respectivas unidades ejecutoras para su posterior distribución entre los efectivos policiales. En tanto, 19 (4%) no las recibieron, entre ellas, comisarías visitadas de Lima Callao (6), Cajamarca (3), Loreto (2) y Arequipa (2).

Asimismo, el informe de la Contraloría señala que 373 comisarías (76%) no recibieron mascarillas Tipo N95 por parte de sus unidades ejecutoras, mientras que 120 unidades policiales (24%) sí recibieron dicho implemento de bioseguridad. Cabe señalar que ninguna comisaría visitada de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali recibió ese tipo de mascarilla al 05 de junio.

Cabe destacar que la Policía Nacional recibió S/ 68´505,123 para financiar la ejecución de acciones que garanticen el orden interno ante el riesgo de propagación de la COVID-19, recursos que distribuyó entre sus 12 unidades ejecutoras a nivel nacional para la adquisición de bienes y servicios, entre ellos implementos de prevención como mascarillas y guantes descartables.

El informe fue notificado oportunamente al Comandante General de la Policía Nacional del Perú con la finalidad que adopte las acciones correctivas necesarias que permitan superar los riesgos identificados.