N° 054-2020-CG-GCOC: Contraloría detecta perjuicio económico por más de S/ 6 millones en La Libertad
Nota de prensa
20 de enero de 2020 - 12:00 a. m.
- En 19 entidades públicas de la región
- Se identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en 224 personas durante el 2019
Durante el 2019, la Gerencia Regional de Control de La Libertad realizó 29 servicios de control posterior en las diferentes provincias de la región como son las Auditorías de Cumplimiento y los Controles Específicos que comprendieron la revisión y análisis de documentos correspondientes a bienes y recursos públicos que ya han culminado con su ejecución.
Estos informes determinaron presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 224 funcionarios y exfuncionarios por hechos advertidos por la Contraloría, entre los que destacan la falta de exigencia por parte de las entidades a los contratistas para el cumplimiento total de profesionales propuesto en su oferta, incumplimiento de los términos de referencia, no aplicación de penalidades, entre otros.
Las entidades en donde se realizaron las auditorías de cumplimiento y control específico fueron: Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Trujillo, Gran Chimú, Ascope, Pacasmayo, Virú, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, La Esperanza, Florencia de Mora, Huanchaco, Moche, El Porvenir, Angasmarca, Gerencia Regional de Salud y el Proyecto Especial Chavimochic.
Todos estos informes de control y sus resultados fueron notificados a las actuales autoridades de cada institución pública para el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan contra los funcionarios y exfuncionarios involucrados. Los informes completos se encuentran publicados en la página web www.contraloria.gob.pe(Sección: Transparencia e Informes de Control).
Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con la finalidad de evaluar los actos y resultados de las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales y en los que se determina si los funcionario o exfuncionarios han incurrido en alguna presunta responsabilidad administrativa, civil y penal.