N° 181-2020-CG-GCOC: Municipio de Tacna incumplió norma al vender terreno para proyecto de salud

Nota de prensa
Tacna.- La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) incumplió las normas vigentes al efectuar la venta directa por excepción de un terreno...

9 de marzo de 2020 - 12:00 a. m.

  • Contraloría detecta presunta responsabilidad en 14 exfuncionarios ediles

Tacna.- La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) incumplió las normas vigentes al efectuar la venta directa por excepción de un terreno que estaba destinado a proyectos de salud, y otros usos, en el Asentamiento Humano Programa Municipal de Vivienda Cono Sur Este, ubicado en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Se trata de 4,136 metros cuadrados que fueron considerados por la misma MPT como un área de aporte reglamentario. El 80% de dicha área estaba reservado para equipamiento urbano que permita a la población del distrito acceder a servicios de salud, mientras que el 20% restante fue previsto para otros usos públicos.

El Informe de Control Específico N° 5673-2019-CG/GRTA-SCE detalla que el terreno de dominio público fue vendido a una asociación de microempresarios para el funcionamiento de centros comerciales, a pesar de estar prohibido por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, entre otras disposiciones legales.

Sin embargo, exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna establecieron la figura de una venta directa excepcional contraria a la ley, lo cual fue aprobado en el 2010 mediante acuerdo de concejo, sin embargo, la siguiente gestión municipal (2011-2014) decide dejarla sin efecto al no encontrarle un sustento legal.

A pesar de ello, la venta fue retomada en el 2015 tras el cambio de autoridades municipales, identificándose que funcionarios que participaron en los actos de 2010, al asumir nuevamente funciones, sugirieron y emitieron opinión a favor de la ratificación de la venta, la cual fue aprobada y materializada finalmente en el año 2017.

En este sentido, la comisión de control específico determinó que existe presunta responsabilidad penal en 14 personas, quienes se desempeñaron como autoridades y funcionarios municipales.