Contraloría: SAT Huancayo dejó de cobrar más de S/ 600 mil por prescripción de papeletas de tránsito

Junín.- La Contraloría General de la República reveló que el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SAT Huancayo) permitió la prescripción de 240 papeletas de infracción al tránsito, todas clasificadas como “muy graves”, debido a retrasos, omisiones y falta de control en los procedimientos de cobranza y notificación, lo que afectó directamente la recaudación municipal.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 007-2025-2-5423, estas papeletas -emitidas entre 2018 y 2020- prescribieron durante el 2024 porque funcionarios y ex funcionarios del SAT Huancayo no realizaron las acciones previstas en la normativa vigente. Esta falta de diligencia impidió que la entidad ejerza su facultad para cobrar las multas, generando un perjuicio económico de S/ 609 064.

La Contraloría detalló que los infractores no pagaron, no presentaron descargos ni interpusieron recursos; sin embargo, la entidad tampoco aplicó oportunamente los procedimientos de cobranza. El área de Control y Cobranza de la Deuda demoró hasta un año y ocho meses en emitir constancias, iniciar procesos, remitir documentos o atender requerimientos esenciales, lo que finalmente favoreció la prescripción de las multas.

Además, la auditoría advierte que la Gerencia de Administración no proporcionó oportunamente los recursos operativos -como personal notificador- indispensables para los procesos de recaudación, generando retrasos que afectaron la actuación de las áreas responsables y permitieron el vencimiento de los plazos legales.

El informe también señala que el SAT Huancayo no atendió de forma oportuna los requerimientos de información formulados por la comisión de control, afectando el desarrollo de la auditoría e incumpliendo la normativa aplicable.

Los hechos descritos configuran presunta responsabilidad administrativa y civil para los 15 exfuncionarios y servidores involucrados. La Contraloría ya notificó los resultados a la entidad y recomendó iniciar las acciones legales y administrativas correspondientes ante las instancias competentes.