Contraloría: reactivan obra del colegio Juan Mejía Baca con aportes del control preventivo

Lambayeque. – Tras incorporar los aportes del control preventivo de la Contraloría General, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) inició la ejecución del saldo de la obra de rehabilitación del local escolar N.° 11016 Juan Mejía Baca, ubicado en el pueblo joven José Olaya, en el distrito y provincia de Chiclayo. La reactivación del proyecto permitirá, una vez culminado, beneficiar a más de 420 escolares, luego de haber permanecido paralizado por un periodo aproximado de dos años.

De acuerdo con el Contrato N.° 56-2025-MPCH/GAF, suscrito el 28 de noviembre de 2025, la ejecución del saldo de la obra contempla una inversión de S/ 7 318 277 y un plazo de 180 días calendario, computados desde el 13 de diciembre de 2025. La intervención se viene ejecutando bajo la modalidad de suma alzada e incluye la culminación de la infraestructura educativa, así como el mobiliario, equipamiento y plan de contingencia.

Asimismo, mediante el Contrato N.° 63-2025-MPCH/GAF, de fecha 12 de diciembre de 2025, se encargó la supervisión de la obra a un consultor por un monto de S/ 353 139, con un plazo total de 210 días calendario, de los cuales 180 días corresponden a la supervisión de la ejecución y 30 días a la revisión y formulación de la liquidación de obra.

La reactivación del colegio Juan Mejía Baca se enmarca en el Plan de Acción de Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas 2025, aprobado por la Contraloría, que tiene como objetivo contribuir con la reactivación de 200 obras públicas paralizadas a nivel nacional, que forman parte de las más de 2500 obras públicas paralizadas, valorizadas en más de S/ 43 mil millones, con un saldo de inversión pendiente de aproximadamente S/ 22 mil millones, en beneficio de más de ocho millones de ciudadanos.

En ese contexto, el proyecto fue identificado como una de las obras prioritarias en Lambayeque. funcionarios de la Alta Dirección de la CGR en Lima, junto con la comisión del Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPCh, promovieron mesas de coordinación con funcionarios municipales y otros actores involucrados, en las que se expusieron los problemas y riesgos significativos que impedían la reactivación del proyecto.

Según el Informe de Control Preventivo N.° 035-2025-OCI/0425-SCP, cuyo periodo de evaluación comprendió del 11 de agosto al 2 de setiembre de 2025, se advirtió demora en el levantamiento y revisión de observaciones del expediente técnico del saldo de obra, tanto por parte del consultor como de la entidad, así como la falta de disponibilidad presupuestal para financiar el costo total del proyecto.

El informe señaló que estas situaciones no permitían la continuidad del proceso de reactivación de la obra pública paralizada. No obstante, como resultado de las acciones preventivas y de coordinación, la entidad adoptó medidas correctivas que permitieron superar dichas limitaciones y viabilizar los trabajos.

En las mesas de trabajo, la Subgerencia de Estudios y Proyectos asumió el compromiso de revisar y aprobar el expediente técnico del saldo de obra, mientras que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización se comprometió a gestionar los recursos necesarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cabe precisar que inicialmente la municipalidad solo contaba con S/ 2,09 millones, monto insuficiente para la culminación del proyecto; sin embargo, a la fecha, ya se cuenta con el presupuesto y el expediente técnico del saldo de obra aprobado.

El proyecto original fue convocado en el año 2021 por un monto superior a S/ 5,4 millones y un plazo de ejecución de 180 días calendario. Sin embargo, tras alcanzar únicamente un 45,62 % de avance físico, el contrato fue resuelto el 2024, afectando a más de 420 escolares sin acceso a una infraestructura educativa adecuada, segura y funcional.

La Contraloría General reitera que el servicio de Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas constituye una modalidad de control simultáneo orientada a contribuir con la reactivación de obras públicas paralizadas, mediante la identificación de problemas y riesgos significativos que permitan la formulación de recomendaciones técnicas, económicas y legales, con el fin de asegurar el adecuado uso de los recursos del Estado y la efectiva prestación de los servicios públicos en beneficio de la población.