Bienestar de niños y adolescentes en riesgo por deficiencias en Centros de Atención Residencial de Chiclayo y Pimentel

Lambayeque. – En el marco del operativo de control multisectorial que se desarrolla en la región, la Contraloría identificó deficiencias que ponen en riesgo la integridad física y emocional de niños, adolescentes e incluso personas adultas en situación de vulnerabilidad de los Centros de Atención Residencial (CAR) Rosa María Checa, de Chiclayo, y San Juan Bosco, de Pimentel, administrados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

De acuerdo a lo identificado, las deficiencias se registran en la gestión administrativa, omisiones en la atención por falta de personal profesional esencial y condiciones inadecuadas de infraestructura.

El CAR Rosa María Checa alberga a 25 niñas entre 11 y 17 años y viene funcionando de manera temporal en las instalaciones de la Aldea Infantil SOS de Chiclayo, en virtud de un convenio interinstitucional mediante el cual se le cedieron cuatro ambientes denominados “hogares de albergue” para las actividades educativas y recreativas diarias.

Se constató que los ambientes no cumplen las condiciones mínimas exigidas por la normativa, pues no cuentan con espacios adecuados para la libre convivencia, el acceso a áreas recreativas es limitado y no existe separación física ni autonomía funcional entre los ambientes ocupados por las adolescentes y aquellos destinados a niñas y niños de 0 a 9 años atendidos por Aldeas Infantiles. Esta situación ha generado incidentes que comprometen la seguridad, convivencia y salud emocional de las residentes, al exponerlas a riesgos físicos y psicológicos.

A pesar del vencimiento del convenio y de los reiterados episodios que evidencian la necesidad urgente de traslado, el INABIF no ha concretado la reubicación del CAR. Si bien se ha suscrito un contrato de alquiler de un local en Monsefú, este no puede ser ocupado porque el arrendador aún no levanta 29 observaciones técnicas formuladas por INABIF.

La comisión también identificó deficiencias en la infraestructura, como lavatorios de cocina agrietados con riesgo de contaminación por agentes infecciosos, alimentos almacenados sin rótulos de identificación, fechas de adquisición o vencimiento, lo que podría ocasionar contaminación cruzada en los refrigerados. Se observó además la ausencia de profesionales esenciales para la atención integral, tales como médico, nutricionista y personal de enfermería.

Por su parte, en el CAR San Juan Bosco, ubicado en un terreno de unos 20 mil metros cuadrados, se cuenta con cinco hogares de albergue, pero, dos fueron observados por Defensa Civil, que recomendó que no deben ser habitados debido al riesgo estructural. Sin embargo, dada la necesidad de contar con ambientes techados estos son empleados como almacenes y talleres.

Se constató el deterioro de las instalaciones por falta de un mantenimiento adecuado, principalmente en las puertas y ventanas de madera. Varias no se pueden abrir por averías en las mismas, así como presencia de humedad en losas de techos de diferentes ambientes, causada por una deficiente evacuación de las aguas de lluvia, además de la presencia de fisuras y salitre en los muros de tabiquería, conllevando a que no sean lugares seguros para los usuarios.

Asimismo, se evidenció la falta de ambientes adecuados para terapias psicológicas, así como la habilitación improvisada de espacios para recibir clases de un CETPRO. También se advirtió que la falta de profesionales persiste debido a que, si bien algunos ganan concursos públicos, luego renuncian o no asumen sus plazas, afectando el servicio. El CAR atiende a 24 personas, incluidos adolescentes entre 12 y 17 años y tres adultos, a pesar de que su capacidad resolutiva es únicamente para adolescentes y un máximo de 45 residentes.

Ambos centros de acogida reciben casos de niños, niñas e incluso adultos vulnerables que no corresponden a un CAR básico, identificándose usuarios con diagnósticos de neuropsiquiatría y hasta con procesos penales.

Este operativo forma parte del despliegue nacional que la Contraloría realiza también en Arequipa, Moquegua, Tumbes, Puno, San Martín y La Libertad, con el fin de fortalecer la integridad, prevenir riesgos y promover la reactivación de obras paralizadas para que cumplan su finalidad social.

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