Universidad de Bagua no aplicó penalidad por incumplimiento de contrato y genera perjuicio económico superior a los S/ 34 mil

Amazonas. - La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 34 505 generado por funcionarios de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, quienes en el año 2024 pagaron por el alquiler de inmuebles para la residencia de estudiantes universitarios de bajos recursos, sin aplicar penalidades, pese a que los ambientes no cumplían las condiciones establecidas en los contratos.

La contratación, cuyo monto total ascendió a S/ 755 336, se adjudicó a cinco proveedores y permitió arrendar los inmuebles necesarios para alojar a 234 estudiantes.

En el Informe de Control Específico N° 6280-2025-CG/SUNI-SCE (periodo de evaluación del 1 de mayo de 2024 al 20 de enero de 2025), se precisó que la omisión de las penalidades se produjo aun cuando los inmuebles presentaban deficiencias de infraestructura, seguridad y servicios básicos, como filtraciones de agua, techos con humedad, instalaciones eléctricas expuestas, ausencia de luces de emergencia, extintores vencidos, ventanas sin protección contra insectos e interrupciones en el suministro de agua.

Estas irregularidades advertidas, que establecían la aplicación de penalidades adicionales, no fueron gestionadas por la Dirección de Bienestar Universitario ni por la Dirección General de Administración. Como consecuencia, no se aplicaron ni cobraron, lo que afectó la finalidad del servicio de residencia universitaria, orientado a ofrecer un espacio seguro y digno para estudiantes que viven lejos de sus hogares.

Cabe señalar que previamente el Órgano de Control Institucional (OCI) de la universidad ya había advertido estas deficiencias mediante el Informe de Hito de Control N° 022-2024-OCI/6256-SCC de noviembre de 2024 y el Informe de Control Concurrente N° 025-2024-OCI/6256-SCC de diciembre de 2024. Ambos informes detallaron riesgos en los inmuebles arrendados, pero las observaciones no fueron atendidas oportunamente, lo que derivó en la inaplicación de penalidades.

El informe señala presunta responsabilidad civil y administrativa de cinco funcionarios que laboraron en la universidad en esa época, por lo que fue remitido a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de acciones legales. Asimismo, se recomendó al titular de la casa superior de estudios adoptar las medidas necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan a los funcionarios involucrados.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados de estos servicios de control a través del Buscador de Informes de Control en el portal www.gob.pe/contraloria.

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