Control preventivo garantiza continuidad y transparencia en la ejecución de la obra pública

Cusco.- El nuevo control con enfoque preventivo que promueve la Contraloría General de la República no solo garantiza la continuidad y transparencia en la ejecución de la obra pública, sino que impulsa la economía, genera trabajo digno y contribuye a poner en marcha la infraestructura que el país necesita, sostuvo el contralor general César Enrique Aguilar Surichaqui, durante su exposición en el Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (INFRACON PERÚ), que se realiza en el Centro Cultural de la Ciudadela de la Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco.

Ante más de 150 asistentes al evento, entre empresarios del sector construcción y representantes de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), el contralor sostuvo que el país tiene más de 2300 obras públicas paralizadas, que representan compromisos de inversión superiores a S/ 30 mil millones y consideró que cada obra detenida significa un impacto directo en la productividad y en la calidad de vida: hospitales que no atienden, colegios que no forman, carreteras que no integran, represas que no riegan.

“Frente a esa situación, la Contraloría adoptó un nuevo enfoque de control: el control preventivo. Este modelo cambia la lógica de la fiscalización ex post por una intervención temprana, técnica y articulada con las entidades responsables y con los contratistas”, agregó en el centro de convenciones del Centro Cultural de la Ciudadela de la Salud Infantil Virgen de Vidawasi de Urubamba.

Entre los resultados obtenidos en la implementación del control con enfoque preventivo a junio de 2025 se ha contribuido a la reactivación de 115 obras públicas en el país, con una inversión que supera los S/ 1690 millones. Un aspecto resaltante es que en el 57 % de proyectos reactivados, que representa más de S/ 1435 millones de inversión, la Contraloría participó a través de servicios de control simultáneo.

Estas intervenciones han generado un beneficio directo para más de 1 millón 281 mil ciudadanos y, al mismo tiempo, un efecto económico inmediato pues se ha promovido entre 13 500 y 20 000 empleos directos e indirectos en el sector construcción.

“El acompañamiento técnico de la Contraloría General permitió detectar a tiempo deficiencias en los expedientes técnicos, corregir observaciones críticas, resolver controversias contractuales y, sobre todo, destrabar procesos que habían permanecido paralizados durante años, garantizando que las obras continúen en condiciones de mayor seguridad jurídica y eficiencia”, agregó Aguilar Surichaqui.

El contralor general acotó que con este modelo de control preventivo se aspira a que en los próximos años la tasa de paralización de obras públicas se reduzca de manera sostenida, y que el país logre avanzar en cerrar la brecha de infraestructura, que hoy supera los 100 mil millones de dólares según estimaciones del propio Estado.

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