Contralor: “Cada sol invertido por el Estado debe generar un impacto real, oportuno y sostenible para la ciudadanía”
Nota de prensaDurante foro “Nuevo escenario de la contratación pública”, Aguilar Surichaqui sostiene que el control no debe encarecer la obra sino garantizar que se ejecute correctamente
22 de julio de 2025 - 12:43 p. m.
Durante su presentación en el foro “Nuevo escenario de la contratación pública: herramientas para un Estado eficiente y transparente”, organizado por la Contraloría, el titular César Aguilar Surichaqui afirmó que la nueva gestión realiza auditorías para lograr que “cada sol invertido por el Estado en una obra, en un bien o en un servicio, se traduzca en un beneficio concreto y oportuno para la población. A eso llamamos rentabilidad social”.
El contralor destacó que este evento tuvo como objetivo fortalecer el sistema de contratación pública en el país, desde un enfoque preventivo, técnico y con sentido de responsabilidad social, buscando asegurar que las inversiones generen “un impacto real, oportuno y sostenible para la ciudadanía”.
En esa línea, resaltó que no basta con que las entidades ejecuten su presupuesto, “es indispensable que esa ejecución sea funcional, eficaz y genere valor público”; es decir, que tenga resultados tangibles en la calidad de vida de la ciudadanía.
En otro momento, enfatizó que tienen “la firme convicción de que una contratación pública eficiente, transparente y orientada al ciudadano es posible, y que la Contraloría General de la República está preparada para seguir liderando este proceso de transformación desde la prevención”.
En su participación en la mesa “Nuevo escenario de la contratación pública: herramientas para un Estado eficiente y transparente”, Aguilar Surichaqui reiteró que el control gubernamental no debe encarecer el costo de las obras públicas sino garantizar que se ejecuten correctamente.
En ese sentido, reveló, han presentado un proyecto de ley para que las entidades dejen de financiar los servicios de control concurrente con un porcentaje del presupuesto de cada obra, lo cual distorsiona el costo real de los proyectos de inversión.
“Es el Estado quien debe asumir, como corresponde, la financiación del control gubernamental, en respeto a la autonomía constitucional de la Contraloría y en defensa del uso eficiente de los recursos públicos. La autonomía de la Contraloría no se negocia. Exigimos los recursos que nos corresponden para hacer nuestra labor con eficiencia y sin distorsionar los costos de la inversión pública”, destacó.
A su turno, la presidenta del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, Mirtha Rázuri Alpiste, consideró que uno de los principales desafíos de la nueva normativa es lograr la profesionalización del personal que se dedica a las compras públicas, el cual es insuficiente y tiene alta rotación. Asimismo, destacó que las adquisiciones deben ser sostenibles incorporando criterios ambientales, sociales y económicos para cambiar la forma en que producimos y compramos.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Guillermo Valdivieso Payva, coincidió con Rázuri Alpiste en el reto de la profesionalización del personal dedicado a las compras públicas enfatizando, además, en que el cuerpo directivo debe gestionar adecuadamente el talento en esa compra pública y realizar una medición del desempeño para verificar si el cumplimiento de metas está alineado a los objetivos de la entidad.
En el foro “Nuevo escenario de la contratación pública: herramientas para un Estado eficiente y transparente” también participaron los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, la Central de Compras Públicas, además de la Procuraduría Pública. Mientras que el sector privado estuvo representado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).
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El contralor destacó que este evento tuvo como objetivo fortalecer el sistema de contratación pública en el país, desde un enfoque preventivo, técnico y con sentido de responsabilidad social, buscando asegurar que las inversiones generen “un impacto real, oportuno y sostenible para la ciudadanía”.
En esa línea, resaltó que no basta con que las entidades ejecuten su presupuesto, “es indispensable que esa ejecución sea funcional, eficaz y genere valor público”; es decir, que tenga resultados tangibles en la calidad de vida de la ciudadanía.
En otro momento, enfatizó que tienen “la firme convicción de que una contratación pública eficiente, transparente y orientada al ciudadano es posible, y que la Contraloría General de la República está preparada para seguir liderando este proceso de transformación desde la prevención”.
En su participación en la mesa “Nuevo escenario de la contratación pública: herramientas para un Estado eficiente y transparente”, Aguilar Surichaqui reiteró que el control gubernamental no debe encarecer el costo de las obras públicas sino garantizar que se ejecuten correctamente.
En ese sentido, reveló, han presentado un proyecto de ley para que las entidades dejen de financiar los servicios de control concurrente con un porcentaje del presupuesto de cada obra, lo cual distorsiona el costo real de los proyectos de inversión.
“Es el Estado quien debe asumir, como corresponde, la financiación del control gubernamental, en respeto a la autonomía constitucional de la Contraloría y en defensa del uso eficiente de los recursos públicos. La autonomía de la Contraloría no se negocia. Exigimos los recursos que nos corresponden para hacer nuestra labor con eficiencia y sin distorsionar los costos de la inversión pública”, destacó.
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Por su parte, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Guillermo Valdivieso Payva, coincidió con Rázuri Alpiste en el reto de la profesionalización del personal dedicado a las compras públicas enfatizando, además, en que el cuerpo directivo debe gestionar adecuadamente el talento en esa compra pública y realizar una medición del desempeño para verificar si el cumplimiento de metas está alineado a los objetivos de la entidad.
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NOTA DE PRENSA N° 630 - 2025-CG/GCOC
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